Financiamiento Universitario: el Gobierno se niega a negociar y los rectores advierten que el ciclo lectivo 2027 está en riesgo

Tras la nueva Marcha Federal Universitaria, que se llevó a cabo este jueves, el Gobierno calificó la protesta de “política”, cuestionó los incidentes frente al Congreso y descartó abrir nuevas negociaciones con los rectores por los fondos. En este escenario, las universidades alertaron que, si no obtienen respuestas, el próximo ciclo lectivo podría estar en riesgo.

Columnas de estudiantes, docentes, no docentes, autoridades de las universidades, junto con organizaciones sociales, políticas y sindicales se movilizaron este jueves por quinta vez desde 2024 en distintos puntos del país en reclamo por el financiamiento universitario y la inminente discusión por el Presupuesto 2027.

Pese a la multitudinaria convocatoria, que en el Consejo Interuniversitario Nacional estimaron en un millón de personas, el cierre de la jornada quedó marcado por violentos incidentes frente al Congreso entre un grupo de manifestantes encapuchados y los efectivos de seguridad. El hecho culminó con más de 30 detenidos y una denuncia del Ministerio de Seguridad.

La Casa Rosada consideró que la protesta “claramente se transformó en una marcha política” y señaló la presencia de figuras del kirchnerismo, la izquierda y el sindicalismo duro. “De universitaria tuvo poco. Cuando ves las imágenes de los encapuchados enfrentándose con la policía, ahí no hay mucho universitario que digamos”, remarcaron a este medio.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue aún más lejos, compartió un video de los disturbios e ironizó: “Así los universitarios reclaman sus derechos. Como toda marcha política, puede embanderarse detrás de un reclamo genuino con el intento de generar un conflicto y mostrar una imagen de disturbio”.

El Gobierno cierra la puerta a las negociaciones
En ese escenario, fuentes oficiales al tanto de las negociaciones fueron tajantes y aseguraron que la marcha “no cambió nada”. Y ampliaron: “No hay ninguna negociación de nada. No recibimos a nadie”. Además, desde el Gobierno cuestionaron la representatividad detrás de la conducción del Consejo Interuniversitario Nacional, hoy a cargo del rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y afirmaron que en los palcos de la marcha del jueves hubo poca presencia de rectores.

En ese sentido, en el Ejecutivo insisten en que trabajarán las relaciones con las universidades individualmente con cada rector, “uno por uno”, y descartaron entablar cualquier tipo de mesa de diálogo. Para ejemplificar esta nueva política, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió el miércoles junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a las nuevas autoridades de la Universidad de Tucumán.

Firme en la posición de no abrir una nueva instancia de diálogo, el Gobierno sostuvo que cualquier negociación pasará por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo comienza a discutir el Presupuesto 2027. Se trata de uno de los principales focos de tensión con las universidades: el proyecto del Ejecutivo asigna cerca de $7,3 billones a las universidades, mientras que el CIN reclama más de $11 billones y ya presentó su propuesta ante diputados y senadores.

En Casa Rosada, anticiparon su intención de avanzar como hasta ahora, negociando con los bloques aliados y los gobernadores los votos para que el Gobierno tenga su instrumento. “Los recursos son finitos, no podemos disponer de ellos de manera que no tenga una contrapartida o reflejo en el gasto. Hay una premisa en el Presupuesto, que es el equilibrio o el superávit fiscal”, reiteraron.

La advertencia de las universidades: una “olla a presión” y los riesgos para 2027
Frente a esa situación, una importante fuente de la comunidad universitaria reconoció que “hacia adelante hay mucha preocupación, en la medida que no aparezcan respuestas”, y advirtió los riesgos que implicaría una escalada del conflicto.

“Hoy no hay ningún diálogo. Esta semana demostraron, con la virulencia y todos los ataques, poca voluntad para dialogar”, enfatizó la fuente, además de señalar la falta de interlocutores en el Gobierno. “Nadie se hace cargo”, cuestionó.

En ese contexto, entre las autoridades universitarias advierten un creciente clima de tensión en las casas de estudio, y alertan sobre la posibilidad de que comiencen a sucederse medidas de fuerza cada vez más drásticas. “La universidad es una olla a presión, es inevitable. Esto no arranca el año que viene si no se resuelve. Por condiciones objetivas salariales y materiales, y por el estado de ánimo de la comunidad universitaria”, explicaron a TN.

La Justicia y el Congreso: las dos vías del conflicto
La disputa gira en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, que tras el veto presidencial y la insistencia de la oposición en el Congreso, el Gobierno promulgó sin ejecutar hasta que fueran identificadas las fuentes de su financiamiento.

En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick dictó una cautelar para aplicar los artículos 5 y 6 (que actualizan salarios y becas), que luego fue ratificada por la Cámara. El Gobierno llevó el caso hasta la Corte Suprema, que finalmente rechazó el recurso el 25 de junio por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. A su vez, Cormick volvió a fallar, esta vez sobre la cuestión de fondo, y ordenó cumplir toda la ley de inmediato. El Ministerio de Capital Humano apeló y la disputa continúa.

“Lo judicial va a llevar tiempo”, admiten desde las universidades, donde ven que la apuesta más clara está en el Congreso. “Lo racional sería que incorporen la Ley de Financiamiento en el Presupuesto. Son 9,7 billones para cumplir con la ley. Cumplen con la ley y se resuelve el problema”, sintetizaron.

Hoy el Gobierno no está dispuesto a tomar ese camino, pero las universidades confían en poder lograr esa modificación con la ayuda de la oposición y algunos gobernadores -sobre todo los de Provincias Unidas- en el Parlamento.

“Creemos que tenemos los números. A muchos les cuesta votar en contra de la universidad pública”, plantearon. Sin embargo, si no hay voluntad política del Gobierno, el Presidente podría vetar ese capítulo. “Y volvemos al principio”, lamentaron. Así, las autoridades universitarias pujan por llegar a fin de año con alguna respuesta, sea por la vía judicial, parlamentaria o del Ejecutivo. De no conseguirlo, advierten que 2027 será un año convulsionado en las casas de estudio de todo el país.