Enriquecimiento ilícito: la Justicia avanzó sobre Francisco Adorni y pidió información de sus cargos y sueldos en Defensa

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni avanzó en las últimas horas con un procedimiento judicial realizado en el Ministerio de Defensa de la Nación Argentina.

Por orden del juez federal Sebastián Casanello y a pedido del fiscal Guillermo Marijuán, efectivos policiales realizaron una orden de presentación en el organismo para recolectar documentación vinculada a los cargos públicos y salarios del hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según trascendió, la Justicia solicitó copias del legajo personal de Francisco Adorni, los actos administrativos relacionados con sus designaciones desde 2023 hasta la actualidad y el historial de ingresos percibidos en cada uno de los cargos ocupados.

Además, se pidió información sobre las declaraciones juradas patrimoniales iniciales, anuales y de baja correspondientes a sus funciones dentro del Estado.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió sobre un presunto incremento patrimonial del 84% en apenas un año.

Francisco Adorni fue designado como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa poco después de la llegada al poder del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023. Más tarde, en junio de 2025, asumió al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, conocido como IAF.

Actualmente también ocupa una banca en la Cámara de Diputados bonaerense dentro del bloque de La Libertad Avanza.

La causa tramita de manera separada a la investigación que enfrenta Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, expediente que está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo.

En paralelo, el fiscal Marijuán ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni y pidió informes a más de 30 organismos públicos y entidades financieras.

Entre ellos figuran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, que deberán aportar datos sobre bienes, impuestos, facturación y movimientos patrimoniales.

Además, se libró un oficio a Dirección Nacional de Migraciones para conocer cuántas veces salió del país el funcionario y quiénes lo acompañaron en esos viajes.