En la búsqueda de un nuevo villano
Para los principales dirigentes del gobierno nacional, sólo existe lo que ellos piensan y todo lo ajeno se combate como confabulación.
Fuera del dogma, toda crítica u opción es mero producto de la conspiración de los necios, del enemigo construido desde el poder. En estos días se han evidenciado pruebas terminantes de este tipo de razonamiento para intentar imponer las más importantes políticas oficiales.
Cuando la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, fue al Senado a defender la ley que modificó la Carta Orgánica del BCRA, no pudo precisar ante los legisladores el nivel inflacionario que tiene el país.
Blanquear un número le hubiera significado un reto del Gobierno, pero también hubiera conspirado contra el objetivo central, aunque no declarado, de la ley que fue a impulsar: la delegación de facultades al Ejecutivo para disponer de más recursos para financiar su proyecto político.
Para Marcó del Pont, la inflación no es consecuencia, como en los años 80, de la "maquinita" de imprimir billetes, sino de un descalce entre la oferta de bienes -que no alcanza porque la economía crece a pasos agigantados- y con ella, la demanda -el consumo-.
Dentro de esa lógica, los cambios propuestos dan a la institución herramientas para disponer de más recursos, dirigir el crédito supuestamente para generar mayor oferta y que la inflación se reduzca gradualmente.
Sin embargo, los que no ven así las cosas y recuerdan nuestra historia, creen que el crédito que se busca impulsar ahora desde el BCRA no tiene condiciones propicias de florecimiento justamente porque la inflación deterioró la confianza en el peso lo que conspira contra la inversión.
No obstante, el Gobierno consiguió avales extraordinarios del Congreso obediente para que el Banco Central le transfiera excepcionalmente adelantos -préstamos- por unos 100 mil millones de pesos, convirtiendo a dicho Banco en una caja más, mientras se acusa de "enemigos" a todos los que se oponen a esa pretensión.
Pero así como los "enemigos" de la reforma del Central no son los que advierten contra los riesgos de la inflación y contra el uso sin control de los recursos, sino los "neoliberales al servicio de las corporaciones", en el interín aparece otro nuevo "enemigo", la petrolera YPF.
Se la acusa de no haber invertido en exploración y explotación al ritmo de las necesidades de un país en crecimiento -cosa que es real- y de la caída de reservas de petróleo y de gas, que le implican al país un enorme gasto en la importación de combustibles y conflictos de desabastecimiento. Se la responsabiliza de los 9.000 millones de dólares que tuvo que usar el Gobierno para importar combustibles el año pasado.
El oficialismo necesita un nuevo villano con el cual confrontar y tener a quién culpar por la falta de una política permanente y seria sobre el tema, desde 2003. Hasta hace dos meses, el vicepresidente Amado Boudou negaba el desabastecimiento de naftas. Ahora, éste es uno de los motivos que utilizan los gobernadores para revertir áreas concesionadas a la principal petrolera del país.
Sin dudas, la arremetida contra YPF no tendrá efectos en el corto plazo. Por más que se señale políticamente a un culpable, el petróleo y el gas escasearán este año y el Gobierno deberá conseguirlo en el exterior. Pero, en tanto, se dispondrá discrecionalmente de los recursos del Banco Central para quedarse con el control de la petrolera.
Cuando la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, fue al Senado a defender la ley que modificó la Carta Orgánica del BCRA, no pudo precisar ante los legisladores el nivel inflacionario que tiene el país.
Blanquear un número le hubiera significado un reto del Gobierno, pero también hubiera conspirado contra el objetivo central, aunque no declarado, de la ley que fue a impulsar: la delegación de facultades al Ejecutivo para disponer de más recursos para financiar su proyecto político.
Para Marcó del Pont, la inflación no es consecuencia, como en los años 80, de la "maquinita" de imprimir billetes, sino de un descalce entre la oferta de bienes -que no alcanza porque la economía crece a pasos agigantados- y con ella, la demanda -el consumo-.
Dentro de esa lógica, los cambios propuestos dan a la institución herramientas para disponer de más recursos, dirigir el crédito supuestamente para generar mayor oferta y que la inflación se reduzca gradualmente.
Sin embargo, los que no ven así las cosas y recuerdan nuestra historia, creen que el crédito que se busca impulsar ahora desde el BCRA no tiene condiciones propicias de florecimiento justamente porque la inflación deterioró la confianza en el peso lo que conspira contra la inversión.
No obstante, el Gobierno consiguió avales extraordinarios del Congreso obediente para que el Banco Central le transfiera excepcionalmente adelantos -préstamos- por unos 100 mil millones de pesos, convirtiendo a dicho Banco en una caja más, mientras se acusa de "enemigos" a todos los que se oponen a esa pretensión.
Pero así como los "enemigos" de la reforma del Central no son los que advierten contra los riesgos de la inflación y contra el uso sin control de los recursos, sino los "neoliberales al servicio de las corporaciones", en el interín aparece otro nuevo "enemigo", la petrolera YPF.
Se la acusa de no haber invertido en exploración y explotación al ritmo de las necesidades de un país en crecimiento -cosa que es real- y de la caída de reservas de petróleo y de gas, que le implican al país un enorme gasto en la importación de combustibles y conflictos de desabastecimiento. Se la responsabiliza de los 9.000 millones de dólares que tuvo que usar el Gobierno para importar combustibles el año pasado.
El oficialismo necesita un nuevo villano con el cual confrontar y tener a quién culpar por la falta de una política permanente y seria sobre el tema, desde 2003. Hasta hace dos meses, el vicepresidente Amado Boudou negaba el desabastecimiento de naftas. Ahora, éste es uno de los motivos que utilizan los gobernadores para revertir áreas concesionadas a la principal petrolera del país.
Sin dudas, la arremetida contra YPF no tendrá efectos en el corto plazo. Por más que se señale políticamente a un culpable, el petróleo y el gas escasearán este año y el Gobierno deberá conseguirlo en el exterior. Pero, en tanto, se dispondrá discrecionalmente de los recursos del Banco Central para quedarse con el control de la petrolera.