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El Senado debate para aprobar el nuevo proyecto de Discapacidad y la ley de tierras

La Cámara alta está reunida para debatir un paquete de iniciativas que incluye también la denominada ley Joaquín y un proyecto para ampliar el transporte por cabotaje.

El Senado consiguió quórum y desde las 11:30 horas lleva adelante una sesión en la que se buscará convertir en ley tres proyectos centrales vinculados con discapacidad, propiedad privada y adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La agenda parlamentaria también contempla la aprobación definitiva de la denominada ley Joaquín y el avance de una iniciativa para modificar el régimen de transporte de cargas por vía fluvial y marítima.

El temario quedó definido durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, con participación de los jefes de los bloques oficialistas y opositores.

 

Discapacidad, pensiones y controles

Uno de los proyectos principales apunta a establecer un nuevo marco para las pensiones no contributivas por discapacidad. El texto contempla un beneficio equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como instrumento para acceder a la prestación.

También establece un nomenclador común para las prestaciones y permite compatibilizar el cobro de la pensión con un empleo registrado, siempre que los ingresos del beneficiario no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La iniciativa incluye la cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y prevé partidas presupuestarias específicas para financiar el sistema, además de mecanismos de compensación del Tesoro si los recursos resultaran insuficientes.

 

El proyecto sobre propiedad privada y el acuerdo internacional sobre patentes

Otro de los puntos relevantes será la iniciativa que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y que regresó al Senado luego de las modificaciones introducidas en Diputados.

El texto reincorpora los límites establecidos en la legislación de 2011. De esta manera, fija un máximo del 15% de las tierras rurales en manos extranjeras, un tope del 30% por nacionalidad y un límite de mil hectáreas en zonas consideradas núcleo.

La propuesta también incluye modificaciones vinculadas con las expropiaciones y establece criterios sobre los bienes que pueden ser alcanzados por una declaración de utilidad pública.

El Senado también deberá pronunciarse sobre la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que busca facilitar los procedimientos para solicitar protección de invenciones en distintos países.

La adhesión al tratado forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno en el entendimiento comercial con Estados Unidos. También está contemplada dentro de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea y el bloque europeo de libre comercio EFTA.

 

La ley Joaquín y el transporte por cabotaje

Dentro del temario figura además la denominada ley Joaquín, que busca establecer medidas obligatorias de seguridad para arcos, aros, postes y otros elementos deportivos o recreativos instalados en espacios públicos y privados.

La propuesta lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que murió el 5 de enero de este año en Junín de los Andes, Neuquén, luego de que un arco de fútbol sin la fijación correspondiente cayera sobre él durante un campamento.

Por otra parte, se prevé avanzar con un proyecto para ampliar el transporte de cargas por cabotaje. La iniciativa propone incorporar nuevos operadores, simplificar trámites y aprovechar la infraestructura portuaria nacional para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales.

La sesión también incluirá el tratamiento de una propuesta para que instituciones deportivas, educativas, sociales, recreativas y religiosas, tanto públicas como privadas, implementen protocolos de prevención y actuación frente a situaciones de violencia que involucren a niñas, niños y adolescentes.

Además, se prevé avanzar con designaciones en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, tratados internacionales y el pliego de ascenso de Sebastián Ibáñez, actual jefe de la Casa Militar, entre otros temas.

 

El Senado tratará la próxima semana la Ley de Ludopatía

El Senado aprobó una moción de preferencia para tratar el próximo jueves 26 de noviembre la Ley de Ludopatía, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Quien impulsó la jugada fue José Mayans, líder del kirchnerismo, quien pretendía tratarlo sobre tablas, es decir, sin dictamen previo. Patricia Bullrich dijo que el oficialismo habilitará la discusión del proyecto la próxima semana, aunque con reparos al proyecto con luz verde de la Cámara baja.

El texto original vence el próximo 30 de noviembre y perdería estado parlamentario. Por lo tanto, la validez de su aprobación en Diputados se caería.

El texto aprobado por Diputados establece fuertes restricciones en el articulo 8 del dictamen de mayoría, que fija los límites que tendrán las empresas de ciberapuestas en todo el país: prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y de apuestas en línea.

Quedan comprendidas las plataformas y redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación audiovisual y la publicidad exterior, así como en indumentaria deportiva, cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público.

A esa lista se suman las prohibiciones en medios gráficos, radiales, televisivos y el “emplazamiento del producto o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro y que a tenor de los avances tecnológicos puedan ser utilizados con los mismos fines”.

El artículo 8, que fue aprobado en Diputados por 134 contra 32, permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería.

Además de lo referido a la difusión, el texto prohíbe el acceso de los jóvenes a las plataformas digitales; también a la publicidad de los juegos de azar en camiseta de fútbol y espectáculos masivos. Se establecen penas de tres a ocho años al que organice o administre cualquier sistema de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.

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