El protocolo antipiquete no solucionó nada 

Esta semana, asistimos a la presentación en tiempo real, y con la asistencia estelar del Presidente de la Nación Javier Milei, de la aplicación del tan charlado protocolo antipiquetes y la verdad fue un fiasco, tanto por el Jefe de la Policía de la Ciudad Diego Kravetz, que ante una pregunta de un cronista sobre la marcha del operativo, dijo, entre furioso y resignado, “preguntenle a Bullrich”. La respuesta era la lógica ante una virtual ocupación de la ciudad por parte de los efectivos Federales, que en todo momento provocaban a los manifestantes embistiéndolos con sus motos, y cuando los manifestantes se defendían, los golpeaban, tanto que hasta mi amigo el Pollo Sobrero, ligó algun golpe en la espalda.

La mentada resolución también dispone que la intervención de las fuerzas se podrá producir sin orden judicial, sosteniendo que se trata de un delito flagrante, es decir, que es advertido por las autoridades mientras se comete.  Ahora van las dificultades legales que le veo al remedio de la ministra de Seguridad, es  difícil que una manifestación pacífica y temporaria, implique un delito flagrante como  presupone el protocolo que, en una lectura directa, habilita a la liberación inmediata y forzosa de las vías públicas, incluso con caminos alternativos liberados. O sea, que judicializados los autores, difícilmente sean condenados. 

En rutas, avenidas o calles que estén bajo la jurisdicción provincial, las fuerzas federales sólo pueden intervenir a pedido de los gobiernos provinciales y en casos en que esté en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes, se encuentren gravemente amenazados los derechos y garantías constitucionales o en situación de desastre. Como se puede observar, la Nación, sin consultar se hizo cargo del control de la seguridad de la Ciudad al  momento de la marcha mientras la Policía local miraba sin saber qué hacer.  

Si se aplica el protocolo, las fuerzas de seguridad deberán despejar las vías bloqueadas con el empleo de “armas no letales”. También  se dispone, que las fuerzas intervinientes deberán registrar a los participantes de las protestas mediante filmaciones, priorizando la identificación de los líderes y las organizaciones presentes y podrán exigirles que abonen el costo de los operativos.

No conozco casos de que el Estado pueda mandar la factura a un particular o a una organización por el supuesto gasto derivado de un operativo, que consiste en el ejercicio de sus potestades y obligaciones, sin que ese gasto u obligación haya sido surgida de un proceso judicial o administrativo previo. 

Con lo cual, al anuncio que los manifestantes deberán pagar los gastos del operativo les aviso que esta obligación debe ser fijada judicialmente, con lo cual vale el QUE DIOS SE LO PAGUE…