El Gobierno se aferra a la venganza pese al bochorno internacional
Por Joaquín Morales Solá. La Argentina ha sido noticia en los últimos tiempos en los medios periodísticos internacionales por dos motivos.
Nota extraída del diario La Nación
Uno de ellos ha sido la elección del papa Francisco, que se ha convertido en el argentino con mayor dimensión internacional en la historia del país . El otro motivo es el ahogo financiero perpetrado por el Gobierno que amenaza con ahogar, hasta el exterminio, al poco periodismo independiente que está quedando en la Argentina. Insincera y oportunista, la Presidenta copió y pegó el discurso del papa Bergoglio en sus labios, pero no hizo nada hasta ahora para rectificar sus políticas de discriminaciones, agravios y deplorables divisiones.
Casi dos meses después de instaurado el congelamiento de precios en los supermercados, también se cumple el mismo período en el que rige la prohibición oficial para publicar avisos publicitarios en medios independientes.
La prohibición comprende sobre todo a los supermercados y a las empresas que venden electrodomésticos. Significaban el conglomerado con mayor porcentaje en la pauta publicitaria privada de los grandes medios, sobre todo de LA NACION y Clarín, aunque también afecta a Perfil y a El Cronista. En algunos casos, los diarios se han visto privados del 35 por ciento de la publicidad que recibían antes de la prohibición.
Son medios que nunca recibieron publicidad oficial. O la recibieron en una cantidad tan ínfima que es definitivamente ridícula. El gobierno de Cristina Kirchner nunca cumplió con la orden dictada por la Corte Suprema de Justicia en los casos de la editorial Perfil y del diario Río Negro. La Corte sentó jurisprudencia en esos casos y dispuso que el Gobierno debe distribuir la publicidad del Estado de manera equitativa.
Una primera conclusión resulta dramática: ¿qué recursos quedan frente a un gobierno que desoye al más importante tribunal de justicia del país? ¿Hasta qué niveles se ha degradado la densidad de la democracia cuando un gobierno legalmente elegido no respeta la legitimidad de los otros poderes del Estado? La discriminación se agrava cuando cada año aumentan de manera satelital los recursos del Estado que van a parar a los medios amigos, cuya circulación alcanza, en el mejor de los casos, sólo el 10 por ciento de la que tienen los diarios segregados.
La Secretaría de Comercio Interior, a cargo del increíble Guillermo Moreno, difundió ayer que el congelamiento de precios se extenderá por 60 días más. Nada se dijo, en cambio, del cepo a la publicidad que llegó acompañando el congelamiento. La veda publicitaria afecta gravemente la salud financiera de los diarios, pero también perjudica al bolsillo de los consumidores. Se congelan precios que no tienen referencias. ¿Cuánto valían las cosas antes del congelamiento? ¿Cuánto valen ahora? La noticia está en las góndolas; no hay otra información con la que el ciudadano común pueda contrastar.
El congelamiento o el control de precios han sido siempre políticas que terminaron mal. La historia argentina está cargada de ejemplos. Sin embargo, el Gobierno obligó siempre a difundir los precios congelados o controlados en todos los casos anteriores.
El deseo de venganza de la Presidenta y de Moreno, y la absoluta desconfianza del kirchnerismo en el periodismo como un protagonista esencial de la democracia, vulneró ahora la esencia de su política de precios. Nadie sabe cuánto cuestan las cosas. El Gobierno cometió claramente el crimen de censura previa, pero también dejó desamparados a los consumidores frente a los grandes formadores de precios.
Es sorprendente que empresas extranjeras (sobre todo de supermercados) hayan aceptado fácilmente la orden verbal de Moreno, nunca escrita, de no publicar avisos publicitarios en los diarios. El argumento más expuesto es que la falta de inversión publicitaria se traslada a precios más bajos. La competencia es también una eficaz herramienta para bajar los precios.
Pero éste es un concepto moderno, imposible de asimilar para un gobierno enamorado de políticas de hace 50 años.
La parte inexplicable del asunto es que empresas que compiten en todo el mundo hayan aceptado aquí que es mejor que el Estado les fije los precios, que les marque los supuestos márgenes de ganancias, que los haya convencido de que el comercio no necesita de publicidad y que, encima, les prohíba acceder a los dólares para repatriar sus ganancias.
La Presidenta usó y abusó de su mayoría parlamentaria para confeccionar leyes que agreden al periodismo independiente. Espoleó a su agencia de recaudación impositiva, la AFIP, para perseguir a los medios hasta la extenuación. Ayer, la AFIP volvió a discriminar a los medios cuando los excluyó deliberadamente del nuevo régimen de facilidades de pago.
A pesar de todo, la vía más rápida y expeditiva la consiguió con una simple orden verbal a los mayores inversores de publicidad privada en los diarios independientes. En 24 horas, los principales diarios del país quedaron expuestos a un destino pequeño y sombrío. Una orden de la mandamás del Gobierno fue más efectiva que cualquier ley, que la Constitución y que las jurisprudencia de la Corte Suprema.
Está pagando un muy alto precio político, es cierto, entre gobiernos y sociedades del exterior. El propio gobierno de Washington le hizo saber hace poco al canciller Héctor Timerman que le preocupaba la situación de la libertad de prensa en la Argentina. Se lo dijo el segundo funcionario más importante del Departamento de Estado, William Burns, durante la reciente reunión de cancilleres de la OEA. Antes, el mismo Departamento de Estado había criticado públicamente la prohibición a los supermercados de publicar avisos publicitarios. Uno de esos supermercados, Walmart, pertenece a una conocida cadena norteamericana. Otros gobiernos extranjeros han manifestado su preocupación por la asfixia del periodismo argentino, aunque lo han hecho con más reserva que el norteamericano.
El costo más grande para el gobierno cristinista está en la opinión pública internacional. Diarios tan influyentes en el mundo como The Washington Post, The Times y The Wall Street Journal, entre varios más, describieron con dramatismo la situación de la prensa argentina y, fundamentalmente, el golpe asestado a ella por la abrupta caída de la publicidad privada ordenada por el gobierno de Cristina Kirchner. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la organización con mayor historia y empeño en la lucha por la libertad de prensa en el continente, censuró duramente al gobierno nacional. En el país, ADEPA acaba de advertir que por este camino la prensa libre es inviable en la Argentina.
La pregunta que cabe hacerse es si al cristinismo le importa ya la degradación internacional, inmerso como está en darse gustos políticos, generalmente vengativos, tan modestos como pueblerinos. ¿Le importaría esos bochornos internacionales a un gobierno que convirtió la conmemoración del dramático 24 de marzo de 1976 en una oportunidad para saldar las broncas del día?
La Presidenta dijo que ella no odia después de ver al Papa, pero los viejos rencores del cristinismo siguen intactos. Iguales, imborrables..
Uno de ellos ha sido la elección del papa Francisco, que se ha convertido en el argentino con mayor dimensión internacional en la historia del país . El otro motivo es el ahogo financiero perpetrado por el Gobierno que amenaza con ahogar, hasta el exterminio, al poco periodismo independiente que está quedando en la Argentina. Insincera y oportunista, la Presidenta copió y pegó el discurso del papa Bergoglio en sus labios, pero no hizo nada hasta ahora para rectificar sus políticas de discriminaciones, agravios y deplorables divisiones.
Casi dos meses después de instaurado el congelamiento de precios en los supermercados, también se cumple el mismo período en el que rige la prohibición oficial para publicar avisos publicitarios en medios independientes.
La prohibición comprende sobre todo a los supermercados y a las empresas que venden electrodomésticos. Significaban el conglomerado con mayor porcentaje en la pauta publicitaria privada de los grandes medios, sobre todo de LA NACION y Clarín, aunque también afecta a Perfil y a El Cronista. En algunos casos, los diarios se han visto privados del 35 por ciento de la publicidad que recibían antes de la prohibición.
Son medios que nunca recibieron publicidad oficial. O la recibieron en una cantidad tan ínfima que es definitivamente ridícula. El gobierno de Cristina Kirchner nunca cumplió con la orden dictada por la Corte Suprema de Justicia en los casos de la editorial Perfil y del diario Río Negro. La Corte sentó jurisprudencia en esos casos y dispuso que el Gobierno debe distribuir la publicidad del Estado de manera equitativa.
Una primera conclusión resulta dramática: ¿qué recursos quedan frente a un gobierno que desoye al más importante tribunal de justicia del país? ¿Hasta qué niveles se ha degradado la densidad de la democracia cuando un gobierno legalmente elegido no respeta la legitimidad de los otros poderes del Estado? La discriminación se agrava cuando cada año aumentan de manera satelital los recursos del Estado que van a parar a los medios amigos, cuya circulación alcanza, en el mejor de los casos, sólo el 10 por ciento de la que tienen los diarios segregados.
La Secretaría de Comercio Interior, a cargo del increíble Guillermo Moreno, difundió ayer que el congelamiento de precios se extenderá por 60 días más. Nada se dijo, en cambio, del cepo a la publicidad que llegó acompañando el congelamiento. La veda publicitaria afecta gravemente la salud financiera de los diarios, pero también perjudica al bolsillo de los consumidores. Se congelan precios que no tienen referencias. ¿Cuánto valían las cosas antes del congelamiento? ¿Cuánto valen ahora? La noticia está en las góndolas; no hay otra información con la que el ciudadano común pueda contrastar.
El congelamiento o el control de precios han sido siempre políticas que terminaron mal. La historia argentina está cargada de ejemplos. Sin embargo, el Gobierno obligó siempre a difundir los precios congelados o controlados en todos los casos anteriores.
El deseo de venganza de la Presidenta y de Moreno, y la absoluta desconfianza del kirchnerismo en el periodismo como un protagonista esencial de la democracia, vulneró ahora la esencia de su política de precios. Nadie sabe cuánto cuestan las cosas. El Gobierno cometió claramente el crimen de censura previa, pero también dejó desamparados a los consumidores frente a los grandes formadores de precios.
Es sorprendente que empresas extranjeras (sobre todo de supermercados) hayan aceptado fácilmente la orden verbal de Moreno, nunca escrita, de no publicar avisos publicitarios en los diarios. El argumento más expuesto es que la falta de inversión publicitaria se traslada a precios más bajos. La competencia es también una eficaz herramienta para bajar los precios.
Pero éste es un concepto moderno, imposible de asimilar para un gobierno enamorado de políticas de hace 50 años.
La parte inexplicable del asunto es que empresas que compiten en todo el mundo hayan aceptado aquí que es mejor que el Estado les fije los precios, que les marque los supuestos márgenes de ganancias, que los haya convencido de que el comercio no necesita de publicidad y que, encima, les prohíba acceder a los dólares para repatriar sus ganancias.
La Presidenta usó y abusó de su mayoría parlamentaria para confeccionar leyes que agreden al periodismo independiente. Espoleó a su agencia de recaudación impositiva, la AFIP, para perseguir a los medios hasta la extenuación. Ayer, la AFIP volvió a discriminar a los medios cuando los excluyó deliberadamente del nuevo régimen de facilidades de pago.
A pesar de todo, la vía más rápida y expeditiva la consiguió con una simple orden verbal a los mayores inversores de publicidad privada en los diarios independientes. En 24 horas, los principales diarios del país quedaron expuestos a un destino pequeño y sombrío. Una orden de la mandamás del Gobierno fue más efectiva que cualquier ley, que la Constitución y que las jurisprudencia de la Corte Suprema.
Está pagando un muy alto precio político, es cierto, entre gobiernos y sociedades del exterior. El propio gobierno de Washington le hizo saber hace poco al canciller Héctor Timerman que le preocupaba la situación de la libertad de prensa en la Argentina. Se lo dijo el segundo funcionario más importante del Departamento de Estado, William Burns, durante la reciente reunión de cancilleres de la OEA. Antes, el mismo Departamento de Estado había criticado públicamente la prohibición a los supermercados de publicar avisos publicitarios. Uno de esos supermercados, Walmart, pertenece a una conocida cadena norteamericana. Otros gobiernos extranjeros han manifestado su preocupación por la asfixia del periodismo argentino, aunque lo han hecho con más reserva que el norteamericano.
El costo más grande para el gobierno cristinista está en la opinión pública internacional. Diarios tan influyentes en el mundo como The Washington Post, The Times y The Wall Street Journal, entre varios más, describieron con dramatismo la situación de la prensa argentina y, fundamentalmente, el golpe asestado a ella por la abrupta caída de la publicidad privada ordenada por el gobierno de Cristina Kirchner. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la organización con mayor historia y empeño en la lucha por la libertad de prensa en el continente, censuró duramente al gobierno nacional. En el país, ADEPA acaba de advertir que por este camino la prensa libre es inviable en la Argentina.
La pregunta que cabe hacerse es si al cristinismo le importa ya la degradación internacional, inmerso como está en darse gustos políticos, generalmente vengativos, tan modestos como pueblerinos. ¿Le importaría esos bochornos internacionales a un gobierno que convirtió la conmemoración del dramático 24 de marzo de 1976 en una oportunidad para saldar las broncas del día?
La Presidenta dijo que ella no odia después de ver al Papa, pero los viejos rencores del cristinismo siguen intactos. Iguales, imborrables..