El Gobierno pone en marcha la venta de Intercargo: claves del proceso de privatización

El Gobierno avanzó con la privatización de Intercargo, la compañía estatal encargada de los servicios de rampa y manejo de equipaje en los principales aeropuertos del país, mediante el lanzamiento de una licitación pública de alcance nacional e internacional.

La decisión quedó oficializada este jueves con la publicación de la resolución 282 en el Boletín Oficial, donde se establece la venta del 100% del paquete accionario actualmente en manos del Estado. El proceso ya había sido anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó la presentación de los pliegos con las condiciones para la operación.

Según detalló el funcionario, la transacción se realizará bajo la modalidad de “empresa en marcha”, lo que implica la transferencia completa de la firma, incluyendo sus activos, estructura operativa y funcionamiento. Además, se concretará la salida total del Estado Nacional, sin conservar participación ni representación en la compañía.

En ese sentido, se prevé que el comprador asuma la continuidad del servicio en todos los aeropuertos donde Intercargo opera, respetando los contratos, licencias y la actividad vigente.

El proceso contempla la venta integral de la empresa, que cuenta con unos 1500 trabajadores. Intercargo ya había sido incluida dentro del esquema de privatizaciones en 2024, y en marzo de 2025 un decreto presidencial habilitó formalmente este mecanismo de venta accionaria.

Entre los puntos centrales de la operación se destacan:

• La cesión total de los activos de la compañía.
• La desvinculación completa del Estado de su gestión.
• La continuidad operativa en todas sus áreas de servicio.

El precio base fijado para la licitación es de 45.120.000 dólares. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 7 de mayo a través de la plataforma CONTRAT.AR, mientras que el plazo para realizar consultas sobre el proceso se extiende hasta el 27 de abril.

Fundada en 1961, Intercargo presta actualmente servicios de asistencia en tierra a aeronaves en 21 aeropuertos del país y trabaja con la mayoría de las aerolíneas comerciales que operan en la Argentina.

Desde el Gobierno argumentaron la decisión en base a la necesidad de reducir el gasto público, al señalar que entre 2020 y 2023 la empresa requirió aportes estatales por unos 6700 millones de pesos para sostener su funcionamiento. Asimismo, indicaron que desde fines de 2024 se eliminaron los subsidios, se avanzó en la desregulación del sector y se impulsó la apertura a capitales privados.