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El Gobierno oficializó el congelamiento de las tarifas de trenes y colectivos hasta después de las elecciones

Se postergó la suba que estaba programada para mañana, con el cambio del mes. Lo publicó hoy Transporte en el Boletín oficial.

En la misma línea de los acuerdos de precios de productos de supermercados y combustibles, el Gobierno congeló los precios de boletos del transporte público hasta después de las elecciones de octubre. De esta manera, según informaron fuentes oficiales, se postergó un aumento que estaba pactado para este viernes.

El Ministerio de Transporte, a través de la resolución 501/2023, estableció que la Secretaria de Gestión del Transporte, a cargo de Jimena López, realizará “una revisión de la normativa relacionada con la redeterminación de los costos y las tarifas de los servicios públicos de transporte automotor y ferroviario de pasajeros de jurisdicción nacional”.

La resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial, determina también la continuidad de los cuadros tarifarios y tarifas establecidos para los servicios de transporte público automotor y ferroviario de jurisdicción nacional vigentes al 1 de agosto de 2023. Asimismo, resuelve la suspensión del mecanismo de actualización tarifaria establecido en el artículo 11 de la Resolución N° 1.017 de fecha 29 de diciembre de 2022.

Además, la resolución crea mesas de trabajo con las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros y con los operadores de los servicios ferroviarios, como ámbitos de intercambio para analizar las estructuras de costo de operación. El objetivo de estas mesas es considerar el impacto que tiene cada parte de la estructura de costos en la tarifa del transporte, independientemente del IPC por el cual se actualiza el cuadro tarifario actualmente. Cómo por ejemplo, se analizará el impacto que tiene el congelamiento de ciertos precios, como el combustible, en la tarifa.

Para este viernes estaba programada una suba del 6,2% en el precio mínimo de los pasajes, en línea con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires en julio, de acuerdo a la medición del Indec.

En base a ese incremento, que ahora el Gobierno analiza dejar en suspenso, el boleto mínimo del colectivo por viajes de hasta 3 kilómetros debía costar $56,24, el tramo de 3 a 6 kilómetros llegaría a $62,66 y el viaje de entre 6 y 12 kilómetros pasaría a costar $64,48. Por su parte, los pasajeros con recorridos de entre 12 y 27 kilómetros tendrían que pagar $72,31 y los que viajan más de esa distancia, $77,11.

En lo que respecta a los trenes, los boletos saldrían entre $27,31 y $35,34 con la suba prevista para mañana, de acuerdo a la línea, mientras que el subte pasaría de $74 a $80.

Ahora, todos esos aumentos quedan sujetos a lo que decida la Nación y las subas podrían postergarse hasta después de las elecciones presidenciales. Por lo pronto, el boleto mínimo seguirá costando $52,96.

De cualquier forma, suba o no el precio del boleto, el AMBA seguirá teniendo uno de los pasajes más baratos del país. Hay ciudades que ya pasan los $100 de boleto mínimo, como es el caso de Neuquén ($130), Mar del Plata ($119,38) y Bariloche ($115).

 

Qué pasa con las empresas

Las empresas de colectivos aún no se han expresado en relación al posible congelamiento del precio de los boletos, pero hace algunos días informaron que existe un desfasaje del 30% en el valor de los pasajes en relación a las subas de costos.

De acuerdo a la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (Aeeta), entre el valor actual del boleto ($52,96) y las compensaciones económicas del Estado (subsidio por regulación de precios) se cubre sólo el 74,7% de los costos reales del sistema. El 25,3% restante, aseguran, es absorbido por las compañías.

“El aumento del 5,8% de agosto (el precio saltó de $50,06 a $52,96) representa un ahorro al porcentaje de compensación que paga el Estado, no un aumento en el ingreso de las empresas”, protestaron.

“El costo mensual de movilizar cada colectivo es de $5,4 millones. En el AMBA circulan 18.500 colectivos. Esto significa que se necesitan casi $100.000 millones mensuales. El Estado sólo reconoce $70.000 millones, lo que representa un desfasaje de $30.000 millones para la calidad del servicio”, agregaron.

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