El Gobierno no logró avanzar con el súper-RIGI en el Senado: los aliados reclamaron más cambios

El Gobierno sufrió un nuevo freno en el Senado con el proyecto conocido como “súper-RIGI”. El oficialismo esperaba conseguir este miércoles el dictamen para habilitar el tratamiento de la iniciativa en el recinto, pero los pedidos de modificaciones de los bloques aliados obligaron a postergar la definición hasta la próxima semana.

El proyecto fue debatido durante poco más de una hora en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General. Al no alcanzar las firmas necesarias, el oficialismo decidió pasar a un cuarto intermedio.

“El dictamen aún está circulando, no tiene todavía todas las firmas”, explicó el senador del PRO Martín Goerling Lara.

La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y ahora La Libertad Avanza deberá volver a negociar con el PRO, sectores de la UCR, Provincias Unidas y otros bloques dialoguistas para intentar llevarla al recinto durante septiembre.

Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con la participación de empresas y proveedores argentinos en los grandes proyectos de inversión.

El proyecto aprobado por Diputados contempla un programa de desarrollo de proveedores locales y establece que el 20% de la inversión deberá destinarse a la contratación de bienes o servicios nacionales.

En el Senado se busca precisar esa condición y establecer que, dentro de esas compras nacionales, sean considerados los llamados bienes transables.

Además, algunos senadores aliados plantearon que los proyectos tengan que priorizar proveedores locales incluso cuando sus productos sean hasta un 15% más caros que los importados.

También se analiza elevar al 40% la participación de bienes transables adquiridos a desarrolladores locales.

Otro de los cambios apunta a los proyectos que tengan un consumo extraordinariamente alto de electricidad, como podría ocurrir con los grandes centros de datos. La propuesta establece que, si una inversión puede afectar el suministro energético de una determinada región o municipio, deberá contemplar mecanismos de autoabastecimiento.

Durante el debate, el senador libertario Bartolomé Abdala defendió la iniciativa y sostuvo que el país necesita generar condiciones especiales para atraer inversiones de gran escala.

“Estamos hablando de grandes inversiones que, sin este tipo de legislación, son difíciles de captar”, afirmó.

Según Abdala, estos proyectos pueden generar un efecto positivo sobre otras empresas al impulsar la aparición de proveedores y compañías vinculadas.

Desde el peronismo cuestionaron el impacto que podría tener el régimen sobre el empleo y el uso de recursos estratégicos.

“El proyecto tiene muy bajo nivel de empleo y gran uso de recursos naturales de carácter estratégico, como reservas de agua dulce y energía”, advirtió el senador Jorge Capitanich.

También reclamó mayores precisiones sobre las condiciones ambientales y la infraestructura necesaria para los proyectos alcanzados por el régimen.

El proyecto impulsado por el Gobierno busca establecer un régimen especial para inversiones de al menos US$1.000 millones en sectores considerados estratégicos o vinculados con industrias que todavía tienen un bajo nivel de desarrollo en la Argentina.

La iniciativa contempla beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales y establece un período de estabilidad de aproximadamente 30 años.

Entre los principales incentivos aparece una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% y un esquema de amortización acelerada para las inversiones.

También se incluyen certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, además de un régimen especial para los quebrantos y una reducción progresiva de la carga impositiva sobre los dividendos.

El proyecto también propone eliminar los derechos de importación para determinados bienes, quitar los derechos de exportación y reducir restricciones y cupos para operar.

En materia cambiaria, los inversores podrán disponer progresivamente de los dólares generados por sus exportaciones. A partir del tercer año de adhesión al régimen, tendrían acceso al 100% de esas divisas.

La postergación del dictamen representa una señal de que el oficialismo todavía necesita construir acuerdos en la Cámara alta para avanzar con una de sus principales iniciativas económicas.

La Libertad Avanza buscará cerrar las modificaciones durante los próximos días y reunir las firmas necesarias para emitir el dictamen la semana próxima.

Si finalmente el Senado aprueba el proyecto con cambios, deberá regresar a la Cámara de Diputados para que los legisladores vuelvan a analizar las modificaciones antes de convertirlo en ley.

Por ahora, el súper-RIGI sigue sin fecha definida para llegar al recinto del Senado y el Gobierno deberá convencer nuevamente a sus aliados para evitar que el proyecto vuelva a quedar trabado.