El Gobierno le debe $22,2 billones a la provincia de Buenos Aires

En medio de negociaciones cada vez más tensas con los gremios estatales, el gobierno de Axel Kicillof volvió a poner el foco en la relación con la administración nacional. Desde la provincia aseguran que la gestión de Javier Milei mantiene una deuda de $22,2 billones y denuncian un “ahogo financiero” sin precedentes.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, explicó que esa cifra equivale a una fuerte pérdida de recursos desde diciembre de 2023. Según detalló, el monto representa cerca de ocho años de inversión en obra pública o más de un año completo de recaudación propia de la Provincia. “El superávit nacional es deuda con las provincias”, sostuvo.

Desde la administración provincial afirman que la combinación de transferencias recortadas, obras frenadas y programas eliminados profundizó la crisis fiscal. En ese contexto, aseguran que áreas clave como educación, salud, seguridad e infraestructura se ven afectadas por la falta de financiamiento.

Este escenario impacta directamente en las negociaciones salariales con los gremios. La última oferta del Ejecutivo bonaerense fue de un aumento del 3%, propuesta que fue rechazada por docentes, estatales y judiciales por considerarla insuficiente frente a la inflación.

La situación derivó en medidas de fuerza. Los docentes anunciaron un paro que afectará el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires, mientras que otros sectores también evalúan protestas. Incluso sindicatos históricamente cercanos al oficialismo, como el que conduce Roberto Baradel, se sumaron a la protesta en línea con una convocatoria nacional.

Entre los reclamos, los gremios remarcan el impacto de la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y la pérdida del poder adquisitivo. Según estimaciones sindicales, los salarios estatales sufrieron una caída significativa frente a la inflación, en un contexto de fuerte aumento de tarifas y costo de vida.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pidieron reabrir de forma urgente las negociaciones paritarias y reclamaron una recomposición salarial que permita recuperar lo perdido en los últimos meses. También advirtieron que el incremento de los servicios públicos y la inflación profundizan la crisis de los trabajadores.

En paralelo, los judiciales también rechazaron la oferta oficial y analizan avanzar con un paro total de actividades. Exigen una propuesta que al menos iguale la inflación acumulada y no descartan coordinar acciones con otros gremios.