El Gobierno gana tiempo tras un fallo de la Justicia de EE.UU. y refuerza su estrategia legal

El Gobierno nacional celebró como un avance la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York que resolvió tramitar por separado las distintas apelaciones del juicio por la expropiación de YPF. La medida, que implica dividir en cuatro los tramos en discusión, fue interpretada por la Casa Rosada como una oportunidad para prolongar el proceso judicial y retrasar la ejecución de la sentencia.

Desde Balcarce 50 aseguraron que la medida permite presentar recursos simultáneos y que se trata de una “pequeña victoria dentro de un marco más complejo”. Para el oficialismo, la decisión judicial es consecuencia directa del impacto que tuvieron los últimos escritos presentados por la Procuración del Tesoro.

Este mismo jueves, el equipo jurídico del Estado presentó una nota para apelar la ejecución del fallo que habilita la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes. Además, pidió que se suspenda la medida mientras dure la apelación. Sin embargo, en el Gobierno desconfían de que la jueza Loretta Preska acceda a conceder la suspensión, por lo que ya preparan un eventual recurso ante la Corte Suprema de EE.UU.

Preska, por su parte, convocó a una audiencia el lunes próximo para resolver si acepta postergar la entrega de las acciones, cuyo plazo vence ese mismo día. Según la resolución vigente, la Argentina debería depositarlas en custodia de un banco en Nueva York.

Además, la magistrada citó a una reunión entre los representantes del Estado argentino y los fondos litigantes para avanzar en la disputa sobre la entrega de información relativa a otras entidades públicas, como Aerolíneas Argentinas, ENARSA, ARSAT y el Banco Central. El objetivo de los fondos es identificar activos embargables. En el Gobierno descartan cualquier posibilidad de acuerdo.

Desde la Casa Rosada insisten en que la sentencia de Preska va en contra de la ley de expropiación de YPF, y que cualquier traspaso accionario debe ser aprobado por el Congreso con mayoría especial. “No vamos a transferir las acciones de ninguna forma. Tampoco podemos, porque están en la Caja de Valores”, afirmaron fuentes oficiales.

El equipo técnico del oficialismo sostiene que una eventual entrega sería irreversible: los demandantes ya anunciaron que buscarían vender los títulos ni bien los reciban. Eso impediría dar marcha atrás incluso si la Argentina lograra revertir el fallo en las apelaciones.

Desde el Gobierno advierten que, si no se les concede la suspensión, se verán forzados a elegir entre “cambiar sus propias leyes, violarlas o desobedecer una orden judicial de los Estados Unidos”. Mientras tanto, refuerzan su estrategia legal para intentar contener el impacto político y económico de un caso que sigue generando tensión.