El Gobierno ahora analiza estirar los plazos de pago para los fondos buitre

Extraído de La Nación

Por Mariano Obarrio

La presidenta Cristina Kirchner evaluó ayer con su equipo económico distintas alternativas para cumplir con el 100% de los acreedores externos, y además cancelar con un plan de pagos a largo plazo el total de los 1330 millones de dólares que reclaman los fondos NML y Aurelius, tras el fallo del juez Thomas Griesa.

Según confiaron a LA NACION fuentes oficiales, queda poco margen para obtener una quita y cualquiera de las propuestas contemplaría un pago inicial a cuenta del total.

Sería de entre 300 y 400 millones de dólares, para mostrar voluntad de cumplimiento, y luego negociar el resto con emisiones de bonos de vencimientos escalonados en años. Esa es la aspiración de la Casa Rosada, que quedaría sujeta a la buena voluntad de sus acreedores.

"El monto inicial sería equivalente al que se le paga con quita del 65% a los bonistas reestructurados que entraron en el canje de 2005 y 2010", dijo un funcionario del Gobierno.

Ello serviría para que no se active la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que permite a esos bonistas reclamar a la Argentina más dinero si mejora su oferta al resto de los acreedores no reestructurados.

Esa cláusula vence en diciembre próximo. Por ello, la aspiración del Gobierno sería apelar a la buena voluntad de Griesa y de los "buitres" -prorrogar una medida cautelar o "stay" para eximir a la Argentina de cumplir el fallo antes de diciembre- y activar una propuesta tras el pago inicial.

Una posibilidad sería intentar estirar la negociación y oficializar en enero de 2015 un acuerdo por el resto de la deuda. Se ofrecería un plan de pagos, con bonos a largo plazo, un modelo parecido al acuerdo con Repsol o con el Club de París. "Oficializarlo en enero serviría para que caiga la cláusula RUFO. Dependemos de Griesa", dicen.

Una alternativa sería encontrar un banco extranjero que, tras el pago inicial de la Argentina, le comprara el remanente de los bonos impagos a los fondos NML y Aurelius. El Gobierno, a cambio, le emitiría un bono a esa entidad por un monto equivalente y a pagar en varios años. Esta salida triangulada le permitiría a la Argentina no tener que esperar a diciembre para hacer caer la cláusula RUFO porque no oficializaría una mejor oferta a los "buitres" que a los bonistas.

En la Casa Rosada no descartaban ayer que el ministro de Economía, Axel Kicillof, o uno de sus funcionarios, viaje en estos días a Nueva York para entablar un diálogo con Griesa y con los fondos buitres.

Sin embargo, Kicillof, que ayer estuvo trabajando en las propuestas, no lo tiene definido, según dijeron a LA NACION sus voceros: "No esta nada descartado", señalaron. En cambio, admitieron que tuvo contactos con los abogados de la Argentina en los Estados Unidos, del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton.

Con este posible arreglo, el Gobierno pretende cumplir con el 100% de los acreedores, tal como dijo la Presidenta en su discurso de anteayer en Rosario por el Día de la Bandera. Esto incluiría tanto al 92,4% de los bonistas que reestructuraron su deuda en 2005 y 2010, a los fondos NML y Aurelius, y el resto de los holdouts que no entraron en esos canjes y aún no tienen fallos a favor.

De hecho, la Presidenta y Kicillof pretenden que un futuro acuerdo con NML y Aurelius sirva como modelo para eventuales juicios que haga el resto del 7% de los holdouts que no entró en el canje y que podría reclamar hasta 15.000 millones de dólares, según el Gobierno.

En ese sentido, el abogado especialista en deuda Eugenio Bruno señaló a LA NACION que "lo recomendable sería que el acuerdo con los holdouts esté basado en solucionar la totalidad del 7% porque la ejecución de las sentencias es rápida".

El secretario legal y técnico, Carlos Zannini, analizó que el fallo de Griesa no deja resquicios para una quita sobre los bonos de NML y Aurelius y obliga a pagar el 100%. Pero sí podrían negociarse los plazos y el modo de pago, lo cual se extendería al resto de ese 7% de acreedores.

Algunos analistas consideraban ayer que la solicitada firmada por la Presidencia y publicada ayer en The Wall Street Journal podría ser tomada en forma negativa por Griesa, cuyo fallo criticó.

El Gobierno debe pagar en diez días 900 millones de dólares a los bonistas reestructurados y necesita que Griesa y los buitres no embarguen esos giros. Por eso la Presidenta quiere reponer la cautelar y si no lo logra el Gobierno contará sólo con 30 días más de plazo para acordar ese plan de pagos con los fondos buitres, sin caer en default.