El Gobierno admite que no tiene respaldo para cambiar la Ley de Financiamiento Universitario: busca acordar con aliados

El Gobierno nacional reconoce que no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso para modificar la ley de financiamiento universitario y que las chances de alcanzar un acuerdo político son hoy más limitadas que meses atrás. Aunque en el oficialismo consideran el tema clave por su impacto en las cuentas públicas, admiten que no logran alinear posiciones entre los bloques dialoguistas y el sistema universitario.

La norma vigente, sancionada como Ley 27.795 en octubre de 2025, fue promulgada tras la insistencia del Congreso. Desde entonces, el Ejecutivo sostiene que su aplicación plena quedó condicionada a la definición de fuentes concretas de financiamiento. En ese contexto, descartan retomar el proyecto que habían impulsado durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Aquella iniciativa, incluida en el temario mediante un decreto, nunca llegó a debatirse en el recinto. Ahora, en el Gobierno consideran que ese texto perdió vigencia política y que el escenario cambió tras recientes decisiones judiciales, lo que obliga a repensar cualquier intento de reforma con menor margen para negociar.

La situación también deja al descubierto tensiones internas dentro del oficialismo. En distintos sectores admiten que hubo un principio de acuerdo durante el verano para avanzar con cambios antes del inicio del ciclo lectivo, pero esa estrategia se diluyó en medio de diferencias entre los equipos políticos y legislativos.

El punto de quiebre fue el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que ratificó una medida cautelar favorable a las universidades. La resolución ordenó la aplicación inmediata de artículos vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes, así como al financiamiento de becas estudiantiles. Frente a esto, la Procuración del Tesoro apeló con un recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema.

Dentro del Ejecutivo admiten que ese revés judicial modificó el escenario de negociación, ya que fortaleció la posición de las universidades y redujo los incentivos para aceptar una reforma con menor impacto presupuestario. Aun así, sostienen que la decisión es avanzar con actualizaciones graduales en función de las obligaciones judiciales, mediante pagos mensuales.

En paralelo, crece la preocupación por el frente político y social. Organizaciones universitarias, gremios docentes y la Federación Universitaria Argentina convocaron a una nueva marcha federal para el 12 de mayo, en reclamo por la implementación plena de la ley y mejoras salariales. En el Gobierno temen que una movilización masiva vuelva a instalar el conflicto en el centro de la agenda pública.

Desde el ámbito universitario, en tanto, señalan que el proceso judicial sigue abierto. El Consejo Interuniversitario Nacional ya fue convocado a intervenir en la apelación y cuenta con un plazo para responder. Recién después de esa instancia se definirá si el caso llega a la Corte Suprema, en un escenario que todavía mantiene en suspenso la aplicación definitiva de la normativa.