El Estado argentino y las empresas privadas
* Por Dario Tropeano. El actual conflicto desatado a raíz del reciente decreto Nº 411 por el cual el gobierno nacional derogó el inc. f) del art. 76 de la ley 24.241 que estableció el régimen privado de capitalización (AFJP), merece algunos apuntes.
Esta norma prohibía a las Administradoras que tenían en sus carteras de inversión acciones de empresas nacionales que votaran más allá del 5% del derecho a hacerlo en las asambleas de aquellas empresas (sociedades comerciales), aunque su tenencia de acciones fuera superior. Es decir, aun con el 20, 30 ó 40% de las acciones, las AFJP sólo podían votar en las asambleas de las sociedades comerciales donde tenían acciones (participación patrimonial) hasta el 5%.
El gobierno nacional, al estatizar las AFJP y definir un régimen previsional público, absorbió no sólo los afiliados del sistema, sino también los recursos e inversiones de aquéllas, entre las que se encuentran acciones de cerca de 42 empresas privadas. Pasó a tener entonces la misma limitación de derecho a voto, lo cual no sólo es injusto sino también contrario a la ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina y al principio de proporcionalidad. Los accionistas y socios de las sociedades comerciales votan en las asambleas (órgano que gobierna la sociedad) de acuerdo con su participación accionaria en ella: si tiene el 10% vota por el 10% y así sucesivamente. En realidad la razón de la limitación a votar sólo hasta el 5% que se imponía a las AFJP no es la que argumenta el decreto del Poder Ejecutivo Nº 411. Se dice allí que se intentaba evitar que ellas controlaran las sociedades en las que participaban, evitando manipulaciones concertadas que derivaran en conflictos de intereses. En realidad se protegió a las empresas invertidas que bien podían vender acciones en gran volumen, manteniendo alejados a los accionistas –inversores (las AFJP) de la administración–, que en el caso de las sociedades ejerce el directorio, limitando además el poder de voto en las asambleas que eligen a los directores que administran la empresa.
El gobierno modificó esta norma, y ahora podrá votar en las asambleas de acuerdo con la cantidad de acciones que posee y con ello podrá –aun siendo minoría– imponer algunos directores.
El conflicto que se ha generado con el grupo económico Techint que controla la firma Siderar –principal productor de acero del país– y donde la Anses tiene el 26% de las acciones, no es ajeno también al control del 9% de "Clarín". Ambos grupos se han enfrentado al gobierno por diversas cuestiones, donde los intereses económicos tienen especial preponderancia.
Desde el 2008 se vienen sucediendo rispideces con Techint –el principal grupo empresario del país– dadas las presiones sobre el tipo de cambio por las que el grupo viene reclamando una devaluación del peso. La competitividad para la exportación de sus productos tiene directa vinculación con el valor de la moneda nacional frente a otras monedas de los países de destino de sus productos (dólar, real, euro, etc). El escándalo Skanska, donde el gobierno pretendió imputar exclusivamente a Techint por las facturas truchas que escondían gastos para justificar retornos a funcionarios, debilitó una relación que venía sólida entre ambos. El pago del último tramo por la expropiación de la firma venezolana de acero Sidor –propiedad del mismo grupo– por el gobierno de aquel país y la intención del ex presidente fallecido de que ingresaran esos dineros a la Argentina, fue un nuevo paso del deterioro. Sin embargo, la presidenta posteriormente calificó a la empresa como "un ejemplo para el país "al inaugurar un campo educativo en Campana.
Ya en el 2009, el ministro de Planificación había advertido, en alusión a Siderar, que si la empresa privada no invertía, lo haría el Estado Nacional ya que la siderúrgica es una industria estratégica y hay que invertir en los buenos y malos momentos. Simultáneamente ese mismo año el grupo económico había solicitado al ministro medidas para impedir el ingreso de acero subsidiado de Australia, Taiwán y Sudáfrica, lo que Techint consiguió mediante la resolución del Ministerio de Industria. El incidente del 2010 por la exportación de tubos sin costura de Siderar –una de las empresas del grupo– con destino a compañías que explotan petróleo en el área Malvinas –negado por ella – fue otro de los capítulos de tensión entre el grupo y el gobierno. Los aumentos de precios sin autorización en febrero que determinaron retrotraer los mismos provocaron aireados comentarios del ministro de Economía que acusó a Techint y a otras firmas "de empresas concentradas que aumentan sus precios para jorobar a los consumidores. Días después los aumentos fueron autorizados por la Secretaría de Comercio.
Es absolutamente legítimo que un accionista- inversor institucional quiera controlar lo que tiene participando en la administración de la sociedad cuando la ley lo habilita. Más aún si se trata de proteger los ahorros de los futuros jubilados argentinos y si se trata de empresas que vienen multiplicando en los últimos años sus beneficios y generando importantes utilidades. El Estado debe controlar las inversiones de los jubilados futuros y asegurar por cierto su caja, pero también es justo decir que existe una puja económica por la rentabilidad empresaria. Esa rentabilidad es sostenida en una política de precios internos monopólica que eleva los mismos incluso por sobre los valores de la exportación. La inflación también sobrevuela el asunto, pero tal vez en otro momento merecerá un comentario .
El gobierno nacional, al estatizar las AFJP y definir un régimen previsional público, absorbió no sólo los afiliados del sistema, sino también los recursos e inversiones de aquéllas, entre las que se encuentran acciones de cerca de 42 empresas privadas. Pasó a tener entonces la misma limitación de derecho a voto, lo cual no sólo es injusto sino también contrario a la ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina y al principio de proporcionalidad. Los accionistas y socios de las sociedades comerciales votan en las asambleas (órgano que gobierna la sociedad) de acuerdo con su participación accionaria en ella: si tiene el 10% vota por el 10% y así sucesivamente. En realidad la razón de la limitación a votar sólo hasta el 5% que se imponía a las AFJP no es la que argumenta el decreto del Poder Ejecutivo Nº 411. Se dice allí que se intentaba evitar que ellas controlaran las sociedades en las que participaban, evitando manipulaciones concertadas que derivaran en conflictos de intereses. En realidad se protegió a las empresas invertidas que bien podían vender acciones en gran volumen, manteniendo alejados a los accionistas –inversores (las AFJP) de la administración–, que en el caso de las sociedades ejerce el directorio, limitando además el poder de voto en las asambleas que eligen a los directores que administran la empresa.
El gobierno modificó esta norma, y ahora podrá votar en las asambleas de acuerdo con la cantidad de acciones que posee y con ello podrá –aun siendo minoría– imponer algunos directores.
El conflicto que se ha generado con el grupo económico Techint que controla la firma Siderar –principal productor de acero del país– y donde la Anses tiene el 26% de las acciones, no es ajeno también al control del 9% de "Clarín". Ambos grupos se han enfrentado al gobierno por diversas cuestiones, donde los intereses económicos tienen especial preponderancia.
Desde el 2008 se vienen sucediendo rispideces con Techint –el principal grupo empresario del país– dadas las presiones sobre el tipo de cambio por las que el grupo viene reclamando una devaluación del peso. La competitividad para la exportación de sus productos tiene directa vinculación con el valor de la moneda nacional frente a otras monedas de los países de destino de sus productos (dólar, real, euro, etc). El escándalo Skanska, donde el gobierno pretendió imputar exclusivamente a Techint por las facturas truchas que escondían gastos para justificar retornos a funcionarios, debilitó una relación que venía sólida entre ambos. El pago del último tramo por la expropiación de la firma venezolana de acero Sidor –propiedad del mismo grupo– por el gobierno de aquel país y la intención del ex presidente fallecido de que ingresaran esos dineros a la Argentina, fue un nuevo paso del deterioro. Sin embargo, la presidenta posteriormente calificó a la empresa como "un ejemplo para el país "al inaugurar un campo educativo en Campana.
Ya en el 2009, el ministro de Planificación había advertido, en alusión a Siderar, que si la empresa privada no invertía, lo haría el Estado Nacional ya que la siderúrgica es una industria estratégica y hay que invertir en los buenos y malos momentos. Simultáneamente ese mismo año el grupo económico había solicitado al ministro medidas para impedir el ingreso de acero subsidiado de Australia, Taiwán y Sudáfrica, lo que Techint consiguió mediante la resolución del Ministerio de Industria. El incidente del 2010 por la exportación de tubos sin costura de Siderar –una de las empresas del grupo– con destino a compañías que explotan petróleo en el área Malvinas –negado por ella – fue otro de los capítulos de tensión entre el grupo y el gobierno. Los aumentos de precios sin autorización en febrero que determinaron retrotraer los mismos provocaron aireados comentarios del ministro de Economía que acusó a Techint y a otras firmas "de empresas concentradas que aumentan sus precios para jorobar a los consumidores. Días después los aumentos fueron autorizados por la Secretaría de Comercio.
Es absolutamente legítimo que un accionista- inversor institucional quiera controlar lo que tiene participando en la administración de la sociedad cuando la ley lo habilita. Más aún si se trata de proteger los ahorros de los futuros jubilados argentinos y si se trata de empresas que vienen multiplicando en los últimos años sus beneficios y generando importantes utilidades. El Estado debe controlar las inversiones de los jubilados futuros y asegurar por cierto su caja, pero también es justo decir que existe una puja económica por la rentabilidad empresaria. Esa rentabilidad es sostenida en una política de precios internos monopólica que eleva los mismos incluso por sobre los valores de la exportación. La inflación también sobrevuela el asunto, pero tal vez en otro momento merecerá un comentario .