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El derrumbe de un viejo edificio porteño

La combinación de imprevisión, ausencia de controles rigurosos y negligencia produce un cóctel peligroso en cualquier ámbito, especialmente en el de la construcción.

En la siesta del viernes pasado, los moradores de un viejo edificio porteño se sorprendieron con la aparición de importantes grietas en las paredes. Alarmados, llamaron a los bomberos y a la Policía. A las 19, el inmueble fue desalojado y a los pocos minutos se produjo el derrumbe de la parte trasera, lo que lo dejó partido en dos. Al lado de la edificación, hay una obra en construcción, donde se realizaban tareas de excavación. Cuando se había decidido voltear totalmente el edificio, advirtieron que un inquilino estaba desaparecido.

El ministro porteño de Seguridad afirmó que la hipótesis más firme sobre los sucedido está relacionada con los trabajos de excavación en la obra lindera y desligó de responsabilidades a los organismos de control. "En la ciudad hay más de 500 excavaciones diarias y controlar cada obra es como que haya un funcionario del Ministerio de Salud en cada quirófano donde se realiza una operación", sostuvo. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció que se resarcirá con una vivienda a los damnificados.

Por su parte, el ministro de Trabajo de la Nación señaló que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo tenía registros de que se habían denunciado que no se habían cumplido normas relativas a la seguridad. Acotó que como ya había ocurrido en otros casos, a pesar de haber sido notificada la ciudad, no se había hecho nada. "Hay normas vigentes, claras, específicas, cuyo cumplimiento no se ha respetado", dijo.

San Miguel de Tucumán no ha sido ajeno a estas tragedias. El derrumbe de un muro mató a los tres obreros que excavaban el suelo de un predio ubicado en la calle General Paz 964 el 21 de marzo de 2007. Los familiares de las víctimas denunciaron a la empresa constructora por no cumplir las condiciones de seguridad y de haber continuado los trabajos pese a que los albañiles habían advertido el peligro. Tres años después, el 12 de agosto de 2010, nuestro diario titulaba: "El Colegio de Ingenieros Civiles afirma que la Municipalidad no controla las obras de excavación". La entidad profesional había hecho este planteo en 2008 sin ser escuchado por las autoridades. En la sesión del 19 de agosto de 2010, los ediles aprobaron una resolución por la cual se sugería al Ejecutivo municipal que exigiera a los constructores de edificios que presentaran un plan de excavación y de submuración antes de comenzar una obra, y que se controlaran tales trabajos.

El domingo pasado, publicamos la carta de un vecino de San Lorenzo al 1.200 que se quejaba porque una empresa constructora le tiró abajo toda la medianera de la galería. La Municipalidad aconsejó el desalojo por seguridad; la firma le dio provisoriamente un departamento y prometió restaurar lo derribado con urgencia. Sin embargo, no lo hizo, situación que fue constatada por un inspector municipal.

Da la impresión de que la intendencia no escuchó la sugerencia del Concejo Deliberante. En 2007, murieron tres obreros, pero parece no haber sido suficiente para que las autoridades tomaran conciencia de la importancia no sólo de hacer controles rigurosos, sino de proteger la vida de los ciudadanos que es lo más importante. De nada sirven las justificaciones y la culpabilizaciones luego de una tragedia porque con palabras no se puede recuperar vidas.