¿Dónde están los 16 mil millones?
* Por Raúl Faure. El enigma entre los números de la Nación y de la Provincia puede ser develado si se ponen en acción las instituciones de control de la Constitución.
¿Dónde están o en qué se han gastado 16 mil millones de pesos? Ésta es la pregunta que, perplejos, nos hacemos luego de escuchar a la presidenta Cristina Fernández en el acto realizado en la Plaza de la Intendencia de la ciudad de Córdoba el pasado miércoles 6 y al leer la réplica de las autoridades provinciales.
No es para menos. En ese acto, la Presidenta dijo que durante el año pasado, la Nación remitió a la Provincia 28.534 millones de pesos, mientras el secretario General de la Gobernación, Ricardo Sosa, aseveró que en ese lapso sólo recibieron 12.347 millones.
Hay, pues, una diferencia de 16 mil millones. Con elegancia, la periodista Virginia Guevara, en su columna en este diario el 9 de abril, consignó que "algo no cierra respecto a los números", en alusión a las contradicciones en que incurren los protagonistas de este episodio que parece salido de la imaginación de un autor de novelas de misterio.
Como no puedo siquiera sospechar de que la Presidenta deforma a sabiendas la verdad, y tampoco dudar de la veracidad de la versión local, estimo que el enigma puede ser develado si se ponen en acción las instituciones de control establecidas en la Constitución Provincial.
En primer término, claro está, debería actuar el ministerio público, al que se le confiere la facultad de "preparar y promover la acción judicial en defensa del interés público". Y, naturalmente, la Legislatura, que es el poder encargado de "aprobar o desechar las cuentas de inversión" que anualmente presenta el Poder Ejecutivo.
También se crearon otros órganos de control que, bajo las circunstancias que se comentan, no pueden permanecer en silencio. La Fiscalía de Estado, el defensor del Pueblo de la Provincia, la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas pueden y deben ejercer sus facultades para identificar al que miente o al que comete errores, que ponen en tela de juicio la honorabilidad de los gobernantes.
Si no se actúa, en la opinión general quedará instalada la duda: ¿quién se apropió de esos 16 mil millones de pesos? ¿Quién les dio otro destino, sustrayéndolos de las cuentas públicas? ¿Acaso es dinero que podrá ser usado de modo discrecional para financiar la campaña electoral del oficialismo? ¿O para afrontar las enormes erogaciones que a diario requiere el culto a la personalidad que profesa nuestro gobernador?
También las circunstancias imponen que los partidos políticos representados en el Poder Legislativo y en los organismos de control expresen sus reparos para que la opinión pública cuente con elementos de juicio para identificar al o a los autores de la maniobra que ha despojado al Tesoro provincial de esa enorme suma de dinero.