Denunciaron a siete empresas pesqueras por operar en el mar argentino con licencias británicas de Malvinas
La presentación judicial fue realizada por la organización Reset Republicano y apunta contra firmas de origen español. Las acusan de extraer recursos del Atlántico Sur sin autorización argentina y de evadir controles aduaneros.
Siete empresas pesqueras, en su mayoría de origen español, fueron denunciadas penalmente por operar en aguas argentinas con licencias de pesca otorgadas por las autoridades británicas de las Islas Malvinas.
La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, en representación de la organización Reset Republicano, y quedó radicada ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo de Juan Pedro Galván Greenway.
Los denunciantes acusaron a directivos, administradores y representantes legales de las compañías por el presunto delito de contrabando, al considerar que las firmas extraen recursos pesqueros del Atlántico Sur sin contar con autorización de la Argentina.
Según consta en la denuncia, las empresas estarían utilizando permisos otorgados por la administración británica de las Malvinas para desarrollar actividades comerciales en zonas que los denunciantes consideran parte del territorio marítimo argentino.
“Las empresas denunciadas estarían operando activamente en el Atlántico Sur mediante la explotación comercial ilícita de recursos pesqueros”, sostiene el documento presentado ante la Justicia.
Los abogados también sostienen que los buques involucrados realizan la captura de recursos vivos marinos dentro del mar territorial y la plataforma continental argentina.
Cuáles son las empresas denunciadas
La denuncia alcanza a siete compañías vinculadas con la actividad pesquera:
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Lanzal, relacionada con Petrel Fishing Company Ltd.
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Grupo Pereira, vinculada con Argos Group Ltd.
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Pescapuerta, relacionada con South Atlantic Squid.
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Copemar, también vinculada con South Atlantic Squid.
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Ferralmes, relacionada con Castelo Fishing Co.
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Hermanos Touza, vinculada con Beaufort Fishing Ltd.
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Moradiña, relacionada con Polar Ltd.
Los denunciantes aseguran que estas empresas utilizan licencias emitidas por las autoridades británicas de las islas y que, de esa manera, evitan los controles establecidos por la Argentina.
En ese sentido, la presentación sostiene que se estarían exportando de manera clandestina recursos pesqueros provenientes de la Plataforma Continental y de la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Para fundamentar la denuncia, los abogados invocaron los artículos 863, 864 y 865 inciso a del Código Aduanero, que establecen distintos delitos relacionados con la evasión del control aduanero y la exportación clandestina de mercadería.
La denuncia llega en medio de la ofensiva por Malvinas
La presentación judicial se produce mientras el Gobierno de Javier Milei prepara nuevas medidas relacionadas con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
El Ejecutivo analiza incluir a la actividad pesquera dentro del proyecto de sanciones que enviará al Congreso para avanzar contra empresas vinculadas con actividades en las islas.
La legislación argentina ya contempla sanciones para compañías relacionadas con buques que pescan en aguas argentinas sin autorización nacional.
Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca establece que quienes reciben cuotas o permisos de captura en el país deben declarar que no mantienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que desarrollen actividades pesqueras sin autorización argentina.
La prohibición también contempla vínculos indirectos a través de sociedades relacionadas o controladas.
En caso de comprobarse una infracción, la legislación permite que caduquen los permisos, las cuotas y las autorizaciones de captura otorgadas a la empresa involucrada.
Ahora, el Gobierno analiza ampliar y reforzar esas herramientas dentro del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que prepara para enviar al Congreso.
Desde Reset Republicano también apuntaron contra las licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas y las calificaron de “verdaderas patentes de corso”.
La denuncia judicial agrega así un nuevo capítulo a la disputa por los recursos naturales del Atlántico Sur, en momentos en que el Gobierno busca endurecer su posición frente a las actividades económicas vinculadas con las Islas Malvinas.
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