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Defensa corporativista

Que los funcionarios del gobierno rionegrino, encabezados por Alberto Weretilneck, hayan reaccionado con estupor frente a la muerte imprevista de Carlos Soria es lógico.

También lo es que hayan querido minimizar la importancia de lo sucedido por entender que podría perjudicarlos. Así y todo, sus esfuerzos por tratarlo como si sólo fuera cuestión de un "accidente doméstico" desafortunado han dado pie a un debate que transciende las fronteras de la provincia, al plantear interrogantes sobre su compromiso con uno de los principios fundamentales del Estado de derecho y de la democracia republicana que es la igualdad ante la ley. Como muchos han señalado, de haberse tratado de la presunta consecuencia de una pelea entre dos cónyuges "comunes", la esposa de Soria, Susana Freydoz, hubiera sido detenida en el acto ya que era abrumadora la evidencia de que fue la autora del disparo que puso fin a la vida del gobernador. Puede que sea factible que no haya ocurrido tal y como se cree pero, a base de los hechos ya comprobados, dicha posibilidad parece tan remota que no justifica la voluntad indisimulada de la elite política rionegrina de darle a la viuda el beneficio de dudas que a esta altura apenas pueden considerarse concebibles. Asimismo, aun cuando en teoría haya atenuantes –el consumo excesivo de ansiolíticos sin prescripción médica, una depresión anímica, que la harían inimputable– todo hace pensar en que se trata de un caso de asesinato a lo sumo no premeditado.

Huelga decir que Río Negro no es la única jurisdicción en la que muchos dan por descontado que hay una ley – una muy benigna– para los políticos y sus amigos y otra mucho más severa para los demás, una impresión que se ha visto fortalecida por el conflicto entre el gobierno local y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Víctor Sodero Nievas, y el gobernador Weretilneck. Aunque el enfrentamiento entre los representantes del poder político y el judicial fue heredado, por decirlo así, por las nuevas autoridades, la embestida de Weretilneck contra Sodero Nievas no contribuyó en absoluto a tranquilizar a los preocupados por el estado tenso de la relación de "la familia política" y la ley. Si bien la situación en Río Negro tiene sus particularidades, en el fondo difiere poco de la existente en otras partes del país.

En virtualmente todas las provincias, y también a nivel nacional, los políticos procuran una y otra vez presionar a la Justicia para que les conceda más fueros que los ya institucionalizados, como si se creyeran integrantes de una casta privilegiada.

Puede que sea natural que los políticos se hayan acostumbrado a actuar de manera corporativista, defendiendo sus intereses compartidos sin preocuparse demasiado por los principios que están en juego, pero convendría que respetaran ciertos límites. La sensación de que la clase política se las ha ingeniado para independizarse económica y jurídicamente del resto de la sociedad constituye uno de los problemas fundamentales del país. Está en la raíz del desprestigio notorio de todas las instituciones parlamentarias, ha agravado la corrupción endémica que tanto ha contribuido al atraso socioeconómico y ha privado de autoridad moral a los gobernantes, deficiencia ésta que reviste mucha importancia en los períodos, como el que ya ha comenzado, en los que resulte necesario reducir el gasto público. Con cierta frecuencia, la ciudadanía, harta de las pretensiones de políticos al parecer habituados a subordinar demasiado a sus propios intereses corporativos, se ha rebelado no contra un gobierno determinado sino contra la clase política en su conjunto, de ahí el grito anárquico "que se vayan todos" que marcó a fuego la crisis que estalló en los días finales del 2001.

Puede entenderse, así, que la forma en que los dirigentes rionegrinos están manejando las secuelas del presunto asesinato del gobernador Soria haya motivado comentarios muy críticos por parte de juristas calificados no sólo en la provincia misma sino también en el resto del país. Mal que les pese a los personalmente afectados por lo que ocurrió aquella madrugada del primer día del año, en la Argentina abundan los reacios a permitirles suponer que, ante la ley, algunas personas son más iguales que otras.