Policiales
Crimen de Fernando Báez Sosa: el abogado de los rugbiers que asesinaron al joven cuestionó el fallo de la Corte Suprema
Hugo Tomei criticó el rechazo de un planteo por presuntas irregularidades en la investigación y adelantó que llevará la denuncia contra funcionarios judiciales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hugo Tomei, abogado de los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar un planteo vinculado con la denuncia contra funcionarios judiciales por presuntas irregularidades durante las primeras horas de la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa.
Además, anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que considera una negativa de las autoridades argentinas a investigar los hechos.
“Con este fallo, se perdieron los límites constitucionales”, sostuvo Tomei en diálogo con TN. Según explicó, la presentación se originó en una denuncia penal que apuntaba contra funcionarios judiciales de Villa Gesell por la presunta falsificación de actas del expediente.
El abogado, que ahora solo representa Luciano y Ciro Pertossi, Blas Cinalli y Enzo Comelli, reforzó: “Más que a mis defendidos, la decisión afecta a la sociedad en su conjunto. De ahora en más, el poder punitivo del Estado en manos de los fiscales tienen amplia libertad para llevar adelante actos con personas detenidas y luego registrar aquello que en el momento le dicte la conciencia. Se niegan a visibilizar a través de un fallo que lo represente lo que han hecho durante la investigación del caso Baez Sosa”.
“El fallo de la Corte Suprema de Justicia se dictó en el marco de la denuncia que investigaba los funcionarios judiciales que habrian falsificado el contenido de las actas del expediente judicial con registros que jamás ocurrieron. Ya en el 2020 se había denunciado la maniobra dada entre la Fiscalía, la defensa oficial y el juez de garantías, que a pesar se ser parte de la maniobra nunca se apartó del cargo. Siguió a cargo de la causa como si nada pasara cuando debió excusarse”, apuntó.
Tomei también cuestionó que la denuncia haya sido desestimada por las distintas instancias judiciales que intervinieron. Según planteó, la Cámara de Apelaciones de Dolores, el Tribunal de Casación bonaerense y la Suprema Corte de Justicia provincial rechazaron los planteos antes de que el caso llegara al máximo tribunal nacional.
En ese sentido, consideró que la Corte Suprema perdió la oportunidad de pronunciarse sobre las garantías que deben respetarse durante una investigación penal. “En un caso de tanta repercusión pública, el Poder Judicial perdió la oportunidad de ratificar que en un proceso penal las formas son tan importantes como el fondo de la contienda”, sostuvo.
El abogado advirtió sobre las posibles secuelas de no investigar las supuestas irregularidades de manera adecuada. “De aquí en más, en nuestro país los funcionarios judiciales podrán alterar las actas de los expedientes para adaptarlas a un criterio legal y no tendrán ninguna consecuencia”, expresó.
En esa línea, Tomei confirmó que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo será cuestionar lo que considera una negativa de las autoridades argentinas a investigar a los funcionarios judiciales provinciales que, según su acusación, podrían haber cometido delitos durante el ejercicio de sus funciones.
“La fuerza de la opinión pública que se cuela por las ventanas de los Tribunales pudo más que el imperio del derecho”, concluyó el letrado.

El fallo de la Corte Suprema
Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo presentado por Tomei, cuando aún representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro, Luciano y Lucas Pertossi.
Según la presentación, los imputados no habían conocido las pruebas en su contra ni la acusación al momento de declarar. Por esos hechos, la defensa denunció por presunta falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad a funcionarios judiciales, entre ellos la fiscal Verónica Zamboni y el juez de Garantías David Mancinelli.
La denuncia fue desestimada y los sucesivos recursos fueron rechazados por los tribunales bonaerenses. Finalmente, la Corte Suprema de la Nación también denegó el planteo por falta de fundamentación autónoma, al considerar que no refutaba todos los argumentos de la resolución apelada.
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