Comienza el juicio oral por el crimen de Mariano Ferreyra
José Pedraza, líder de la Unión ferroviaria, será juzgado como presunto instigador del asesinato.
A partir de hoy, José Pedraza, líder de la Unión Ferroviaria, se enfrentará a un juicio oral y público en donde se lo juzgará por su presunta participación en la instigación del crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Al igual que él serán juzgados otros 16 sindicalistas, barrabravas y policías también acusados de haber intervenido en el asesinato al joven, que sucedió mientras que Ferreyra apoyaba una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril, el 20 de octubre de 2010.
Durante ese proceso, que tendrá una duración de al menos seis meses y por el que desfilarán más de 300 testigos, no sólo se buscará descubrir quiénes mataron a Ferreyra, sino que se intentará echar luz sobre las relaciones de los gremios con el kirchnerismo, su enfrentamiento con agrupaciones sociales o políticas de izquierda y el doble rol de algunos sindicalistas que también son empresarios.
Una manifestación masiva de organizaciones sociales y de izquierda acompañará hoy el inicio del juicio en los tribunales de Retiro. Los apoya el centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actúa como querellante en representación del hermano de Mariano Ferreyra. La Unión Ferroviaria decidió no movilizarse para evitar enfrentamientos.
La investigación y la acusación tuvieron desde el comienzo un fuerte apoyo del gobierno nacional, hasta el punto de que el ex presidente Néstor Kirchner aportó un testigo de identidad reservada que señaló quiénes fueron los tiradores.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 21, integrado por los camaristas Diego Barroetaveña, Carlos Bossi y Horacio Días. Barroetaveña y Días están concursando para convertirse en integrantes de la nueva Cámara Nacional de Casación Penal, un tribunal por formarse que actuará sólo en las causas penales que se tramiten en el ámbito porteño. Algunos defensores temen que sus postulaciones, sumadas al interés del Gobierno en el juicio, puedan afectar su independencia de criterio.
"Queremos un tribunal objetivo, no que sea funcional al relato. Ya hay una fuerte presión sobre el juicio, por eso no queremos que se politice, y que la Justicia actúe de manera objetiva. Por eso no nos vamos a movilizar. Nosotros queremos que se haga justicia con Mariano Ferreyra", dijo a LA NACION Patricia Pedraza, la joven hija del gremialista, que se dedica a la crítica de arte.
En el estudio de su abogado Carlos Froment, Patricia estaba acompañada por Eva Fernández, la hija del "Gallego" Juan Carlos Fernández, también preso. Es la mano derecha de Pedraza, secretario administrativo del gremio y enfrenta la misma acusación: ser instigador del asesinato, que para la acusación fue planificado para que Pedraza conservara "sus intereses económicos y su poder político en la organización", según la elevación del caso a juicio del fiscal Fernando Fiszer.
Además de Pedraza y Fernández, serán juzgados el delegado de la línea Roca Pablo Díaz, como supuesto "reclutador" del grupo que enfrentó a los manifestantes; y el barrabrava Cristian Favale, sospechoso junto con el guarda de tren Gabriel Sánchez de haber sido autores de los disparos. También los ferroviarios Salvador Pipitó, Guillermo Uño, Claudio Alcorcel, Juan Carlos Pérez y Jorge González. Entre los acusados también hay siete policías de la Federal acusados de liberar la zona en el momento del ataque y de permitir la huida de los agresores, y otros cinco uniformados, aunque por delitos menos graves.
Durante ese proceso, que tendrá una duración de al menos seis meses y por el que desfilarán más de 300 testigos, no sólo se buscará descubrir quiénes mataron a Ferreyra, sino que se intentará echar luz sobre las relaciones de los gremios con el kirchnerismo, su enfrentamiento con agrupaciones sociales o políticas de izquierda y el doble rol de algunos sindicalistas que también son empresarios.
Una manifestación masiva de organizaciones sociales y de izquierda acompañará hoy el inicio del juicio en los tribunales de Retiro. Los apoya el centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actúa como querellante en representación del hermano de Mariano Ferreyra. La Unión Ferroviaria decidió no movilizarse para evitar enfrentamientos.
La investigación y la acusación tuvieron desde el comienzo un fuerte apoyo del gobierno nacional, hasta el punto de que el ex presidente Néstor Kirchner aportó un testigo de identidad reservada que señaló quiénes fueron los tiradores.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 21, integrado por los camaristas Diego Barroetaveña, Carlos Bossi y Horacio Días. Barroetaveña y Días están concursando para convertirse en integrantes de la nueva Cámara Nacional de Casación Penal, un tribunal por formarse que actuará sólo en las causas penales que se tramiten en el ámbito porteño. Algunos defensores temen que sus postulaciones, sumadas al interés del Gobierno en el juicio, puedan afectar su independencia de criterio.
"Queremos un tribunal objetivo, no que sea funcional al relato. Ya hay una fuerte presión sobre el juicio, por eso no queremos que se politice, y que la Justicia actúe de manera objetiva. Por eso no nos vamos a movilizar. Nosotros queremos que se haga justicia con Mariano Ferreyra", dijo a LA NACION Patricia Pedraza, la joven hija del gremialista, que se dedica a la crítica de arte.
En el estudio de su abogado Carlos Froment, Patricia estaba acompañada por Eva Fernández, la hija del "Gallego" Juan Carlos Fernández, también preso. Es la mano derecha de Pedraza, secretario administrativo del gremio y enfrenta la misma acusación: ser instigador del asesinato, que para la acusación fue planificado para que Pedraza conservara "sus intereses económicos y su poder político en la organización", según la elevación del caso a juicio del fiscal Fernando Fiszer.
Además de Pedraza y Fernández, serán juzgados el delegado de la línea Roca Pablo Díaz, como supuesto "reclutador" del grupo que enfrentó a los manifestantes; y el barrabrava Cristian Favale, sospechoso junto con el guarda de tren Gabriel Sánchez de haber sido autores de los disparos. También los ferroviarios Salvador Pipitó, Guillermo Uño, Claudio Alcorcel, Juan Carlos Pérez y Jorge González. Entre los acusados también hay siete policías de la Federal acusados de liberar la zona en el momento del ataque y de permitir la huida de los agresores, y otros cinco uniformados, aunque por delitos menos graves.