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Causa Vialidad: Cristina Kirchner apelará su condena y buscará demostrar que la pruebas contra ella son indirectas

Desde la defensa de la Vicepresidenta están trabajando en los argumentos que llevarán a Casación Penal para evitar que se confirme la sentencia en esa instancia. 


El próximo jueves se conocerán los fundamentos de la sentencia de Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad. A partir de ese momento se dará lugar a la etapa de apelaciones y el caso llegará a la Cámara de Casación Penal.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso darán a conocer los detalles de la condena a seis años de cárcel para la Vicepresidenta y de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, lo que para el kirchnerismo configuró una “proscripción” que tiene como objetivo impedir que compita en las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, actualmente no hay ningún impedimento jurídico para que la titular del Senado se postule.

Según pudo saber TN, la defensa de Cristina Kirchner ya trabaja en la apelación de la condena, una estrategia que Carlos Beraldi maneja en estricta reserva y de la que solo están al tanto unos pocos dirigentes y funcionarios como el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

Los abogados de la Vice intentarán demostrar que Cristina Kirchner fue condenada con prueba indirecta, es decir, que el TOF 2 no logró hallar documento o testimonio que certifique que la titular del Senado dio la orden de asignar las obras públicas viales a Lázaro Báez. Dicho de otro modo, que no tiene vínculo alguno con el delito de administración fraudulenta por el que fue condenada.

Este jueves el TOF 2 comunicará las pruebas y testimonios en las que sentó las bases de la condena por corrupción contra Cristina Kirchner, una acción que habría generado daños para el Estado en torno a los $80.000 millones. Beraldi trabaja en la hoja de ruta de la apelación, que intentará demostrar que existió “mala praxis” por parte de los acusadores, esto es, el fiscal Diego Luciani y posteriormente los integrantes del tribunal.

Este “daño” contra el Estado se llevó a cabo al adjudicar a las empresas de Lázaro Báez un total de 51 obras viales, lo que para la Justicia significó un direccionamiento de la obra pública en favor del empresario. Para que esto suceda fue necesaria la connivencia con funcionarios de Vialidad Nacional y de la agencia provincial.

Se espera que justamente ese sea una de las justificaciones de la defensa de Cristina Kirchner para intentar derrumbar la acusación del fiscal y la condena. El argumento es que entre Cristina Kirchner, por aquel entonces jefa de Estado, y las obras adjudicadas existía toda una línea de funcionarios y que todas las pruebas en su contra son indirectas.

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