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Al menos 32 sacerdotes denunciados por abusos en Argentina

La cantidad de denuncias por abusos sexuales por parte de religiosos de la Iglesia Católica llega "al menos a 32" en Argentina, aseguró Jorge Llistosella, autor de un libro en el que investigó esta problemática.

"En los últimos 50 años, los casos de abuso a menores a nivel mundial ascienden a 9.000. No obstante, debe haber más denuncias que nunca se hicieron públicas y, sobre todo, muchísimos casos en los que las víctimas no se animaron a denunciar", señaló Llistosella en diálogo con Télam.

 

La entrevista con el autor de "Abusos Sexuales en la Iglesia Católica" se produce a dos días de que un ex religioso del Colegio Marianista del barrio porteño de Caballito, Fernando Enrique Picciochi, enfrente un juicio oral y público por "corrupción de menores" por hechos que el cura habría cometido cuando los denunciantes tenían 13 años, en 1989.

 

"Con la anuencia del Vaticano, la Iglesia tiene una actitud sistémica: ocultar, amparar y silenciar los abusos sexuales cometidos por integrantes de su credo", aseguró el investigador.

 

Para LListosella, "si se pudiera fotografiar la actitud de la Iglesia en todo el mundo la imagen sería despreocuparse por las víctimas, pedirles que no demanden a sus victimarios o trasladar al religioso a otra parroquia".

 

Incluso, precisó, "más de una vez si hay reincidencia, y para los casos gravísimos se opta por el alojamiento del abusador en casas de reclusión, donde se manda a los `irrecuperables`, una de las cuales está en Tortuguitas".

 

De los 32 casos denunciados que el autor recopiló de Argentina, el que mayor difusión tuvo fue el de Julio César Grassi, responsable de la Fundación "Felices Los Niños".

 

"La Iglesia nunca se ha pronunciado sobre Grassi, a pesar de que el 10 de junio de 2009 fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Morón, cuyos miembros lo consideraron culpable de los delitos de abuso sexual agravado por

resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima y de corrupción de menores", advirtió.

 

También Sebastián Cuattromo, uno de los jóvenes que denunció al religioso del colegio Marianista que será juzgado a partir del martes, coincidió en el silenciamiento que se hace sobre los casos de abuso.

 

"Cuando me acerqué a la escuela para denunciar, lo que más les interesaba era que el caso no trascendiera", contó en diálogo con Télam.

 

Para comprar ese silencio, denunció, el colegio le ofreció 40 mil dólares a él y a un compañero a cambio de que firmaran un contrato donde juraban "confidencialidad", es decir, no podían difundir el tema.

 

"Firmé a disgusto el acuerdo, pero tiempo después logré que la Justicia impugnara la cláusula de confidencialidad y logré algo más: una nota de la escuela donde asumía una responsabilidad en los hechos", contó el hombre.

 

En la misma línea, según Llistosella, "hasta mediados de 2010, la Iglesia Católica de Estados Unidos había gastado más de 2.500 millones de dólares para evitar procesos judiciales o frenar los ya iniciados contra sus miembros por abusos sexuales construyendo así un espacio de silencio cómplice".

 

"Un caso que a mí me conmovió muchísimo, por tratarse además de niños en situación de vulnerabilidad social, fue el del sacerdote Mario Napoleón Sasso, que abusaba de los chicos que iban a pedir viandas a su parroquia, ubicada en una zona muy pobre de San Isidro", describió.

 

Y continuó: "Sasso fue condenado a 17 años de prisión por considerarlo culpable de abuso sexual doblemente agravado en razón del sometimiento sexual gravemente ultrajante para las víctimas menores, quienes tenían entonces 7, 9, 10, 11 y 14 años, y por su condición de ministro de un culto religioso".

 

"Además de la coerción directa sobre las víctimas, la Iglesia también presiona sobre los medios de comunicación, que se convierten en cómplices o justificadores de los delitos.

 

En Argentina, por ejemplo, dos medios nacionales muy importantes no publicaron nada sobre el caso de Isabel Margarita Lagos, conocida como sor Paula, que era superiora de la congregación de las Ursulinas en Chile y fue denunciada por abusos", sostuvo.

 

El autor advirtió que "la religiosa fue incluso apartada de sus funciones por orden de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano, y la recluyeron en un monasterio de Berlín, Alemania, y el periodismo argentino no se enteró de nada".


Para realizar la investigación para su libro "Abusos Sexuales en la Iglesia Católica", el autor recopiló durante tres años "documentos oficiales de la Iglesia, encíclicas, sentencias judiciales, notas periodísticas de medios de todo el mundo, pronunciamientos de personas que trabajan para la Iglesia y confesiones públicas de abusadores".