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Adolescentes de 16 y 17 años podrían cobrar y administrar su propia AUH

La ACIJ presentó un amparo para que la Anses implemente “de forma urgente” un mecanismo que permita que los chicos puedan disponer de su Asignación sin contar con la conformidad de sus padres. ¿Estás de acuerdo?

¿Estás de acuerdo con que los adolescentes de 16 y 17 años puedan cobrar y administrar su propia AUH sin depender de sus padres?





Este jueves, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un amparo colectivo para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) implemente “de forma urgente” un mecanismo que permita que los adolescentes de 16 y 17 años puedan cobrar y administrar su propia Asignación Universal por Hijo (AUH).

La propuesta genera un fuerte debate ya que hasta ahora, se requiere la conformidad parental para el cambio de titularidad del cobro, lo que, según la entidad solicitante, “conlleva una vulneración a su autonomía -conforme a su edad y madurez- y, para quienes se encuentran distanciadas/os de sus familias, una total desprotección de sus derechos”. Además, considera que esa normativa tiene una “fuerte lógica adultocéntrica”.

La AUH es la única política de transferencia de ingresos con fines alimentarios dirigida a los adolescentes de 16 y 17 años. “El ordenamiento jurídico internacional y nacional reconoce a este grupo la autonomía progresiva para poder administrar sus recursos, pero el Estado en la práctica lo niega”, cuando el ordenamiento jurídico argentino los habilita a votar o hacerse intervenciones complejas de salud, explicó la entidad.

Por eso, consideró que “es urgente que se modifique la presunción en contra de la capacidad de este grupo y garantizar que puedan acceder a la administración de esta prestación y así asegurar el acceso a sus derechos básicos”.

Qué es la conformidad parental


Al fundamentar su amparo, ACIJ explicó: “el Poder Ejecutivo Nacional reconoció, a través del decreto 840/20, que las y los adolescentes de 16 y 17 años cuentan con la autonomía suficiente para administrar por sí mismas/os la prestación que el Estado destina para garantizar su alimentación y educación. Sin embargo, la misma normativa les niega en la práctica la posibilidad de ejercer este derecho al requerir la conformidad parental para el cambio de titularidad del cobro”.

Según el análisis, ese requisito de conformidad parental “evidencia que las políticas de transferencias de ingresos destinadas a garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes mantienen una fuerte lógica adultocéntrica”, y, a la vez que “anula a los adolescentes como sujetos de derecho con capacidad progresiva, es inconsistente con el ordenamiento jurídico argentino -que habilita a adolescentes de esta edad a votar o hacerse intervenciones complejas de salud-, y es incongruente con las prácticas de Anses -que, por ejemplo, ya transfiere a adolescentes sus Becas Progresar-”, detalló en un comunicado.

Además, consideró que “tiene otras consecuencias graves como es la negación de toda protección social a adolescentes en situación de vulnerabilidad que se encuentran distanciadas/os de sus familias, por diversas razones”. En muchos de esos casos, la prestación la suelen cobrar adultos que tienen un vínculo parental con los adolescentes, pero que no tienen vínculo emocional ni de cuidado y atención.

De qué se trata el amparo presentado ante la Justicia

La acción de amparo que presentó ACIJ tiene alcance colectivo, es decir, que de la Justicia hacer lugar, inmediatamente tendrá efecto sobre todos los adolescentes de 16 y 17 años.

Lo que solicita es que se declare inconstitucional el requisito de conformidad parental y que la Anses “implemente un mecanismo expedito, sencillo y accesible para la realización de cambios de titularidad de la AUH en favor de adolescentes de 16 y 17 años”.

“La acción judicial no pretende desligar a las familias del ejercicio de su responsabilidad parental o de la supervisión del uso de los recursos, sino modificar una presunción ilegal de que quienes se encuentran en transición a la mayoría de edad no tienen capacidad de administrar el dinero que el Estado destina para ellas/os”, señaló.

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