Resulta especialmente valioso y alentador el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableciendo que el dinero que decide gastar el Gobierno para publicitar sus actos, debe distribuirse en función de criterios objetivos y no favorecer sólo aquellos diarios, canales de televisión o radios cuyas líneas editoriales son afines o funcionales a los intereses políticos del poder.