YPF: estatismo y nacionalismo muy gravosos
En un intento por fugarse hacia adelante de la gravísima crisis energética, el Gobierno nacional produce el golpe de efecto de una expropiación.
En un intento por fugarse hacia adelante de la gravísima crisis energética, el Gobierno nacional produce el golpe de efecto de una expropiación de la principal empresa petrolera, sin advertir que el verdadero problema no es quién la administra sino cómo se administra, y en eso tanto el Estado como los privados han demostrado total ineficiencia, sin que nada indique que ahora eso podrá cambiar para bien.
Hace unos pocos días, desde estas mismas columnas editoriales, bajo el título de "Desquicio energético", mostrábamos que la grave crisis del sector era consecuencia directa del fracaso de la política del Gobierno, seguida desde 2003 a la fecha.
Dicha crisis había sido negada sistemáticamente, acusando -como siempre- a los medios de hablar de algo inexistente, aunque bastaba mirar cualquier estadística para comprobar que era a partir de aquella fecha cuando se iniciaba la caída de producción y reservas. Ahora, en una de las tantas "volteretas en el aire", la crisis no sólo existe sino que es el fundamento para producir la expropiación de la mayor empresa del área.
Decíamos también que "el Gobierno nacional ha elegido a YPF como el demonio causante del problema en una típica acción de echar la culpa a otros, de fabricar un enemigo. En esta embestida, posiblemente destinada a la re-estatización de la empresa,... nadie explica por qué la ‘argentinizada’ YPF, que hasta hace unos meses era un modelo elogiado por la Presidenta, hoy es el enemigo a destruir. Tampoco nadie explica de qué manera con estas acciones habrá más inversiones y se extraerá mas petróleo y gas".
Proclamar que el objetivo de la decisión adoptada es recuperar el autoabastecimiento de petróleo y gas, constituye pura amnesia política, cuando han sido los gobiernos kirchneristas quienes acabaron con el mismo. Que no sólo era auto abastecimiento, sino excedente de ambos productos.
A esta altura parece redundante recordar que las políticas estatistas y nacionalistas en materia de petróleo, nunca consiguieron el ansiado objetivo. Luego del intento fracasado del segundo gobierno de Perón por incorporar capital extranjero a la exploración y explotación, el Presidente Frondizi siguió la misma línea, y allí sí, por fin, se logró el autoabastecimiento, perdido luego por la caprichosa anulación de los contratos.
La YPF estatal fue una empresa ineficiente, botín político del gobierno de turno y fuente de corrupción. Todo envuelto en la bandera -hoy nuevamente izada- de recuperar la soberanía sobre los hidrocarburos, ocultando que estos siempre fueron del dominio del Estado, nacional primero y de las provincias, luego de la reforma constitucional de 1994.
Ha sido la disociación entre la facultad de las provincias de otorgar las concesiones (siempre guiadas por el propósito de conseguir recursos para el gasto público) y la política energética (precios, impuestos, retenciones) -facultad del Gobierno nacional-, una de las causas del crisis. Cargar sobre YPF las culpas enteras no parece razonable, cuando el propio gobierno la obligó a distribuir dividendos para que la familia Eskenazi pagara una compra de acciones forzada y poco clara.
Claro que esto no significa exculpar a la española Repsol, que, al igual que otras empresas adquiridas por capitales de la península -como Aerolíneas-, no son ejemplos de buena gestión empresaria. Pero el remedio elegido puede ser peor que la enfermedad. Parece más el capricho del ejercicio ilimitado del poder, a sabiendas que trae popularidad, atacar a una empresa extranjera y convertir a una privada en estatal.
En realidad, el problema económico de fondo sigue siendo la creciente desconfianza y aislamiento en que se hunde el país. No suena razonable creer que destruyendo contratos y normas se logrará confianza e inversiones. Además, con un Estado nacional y con provincias complicadísimas por severos déficit fiscales, la pregunta obligada es de dónde saldrán los miles de millones de dólares para hacer las inversiones que no se hicieron.
Hace unos pocos días, desde estas mismas columnas editoriales, bajo el título de "Desquicio energético", mostrábamos que la grave crisis del sector era consecuencia directa del fracaso de la política del Gobierno, seguida desde 2003 a la fecha.
Dicha crisis había sido negada sistemáticamente, acusando -como siempre- a los medios de hablar de algo inexistente, aunque bastaba mirar cualquier estadística para comprobar que era a partir de aquella fecha cuando se iniciaba la caída de producción y reservas. Ahora, en una de las tantas "volteretas en el aire", la crisis no sólo existe sino que es el fundamento para producir la expropiación de la mayor empresa del área.
Decíamos también que "el Gobierno nacional ha elegido a YPF como el demonio causante del problema en una típica acción de echar la culpa a otros, de fabricar un enemigo. En esta embestida, posiblemente destinada a la re-estatización de la empresa,... nadie explica por qué la ‘argentinizada’ YPF, que hasta hace unos meses era un modelo elogiado por la Presidenta, hoy es el enemigo a destruir. Tampoco nadie explica de qué manera con estas acciones habrá más inversiones y se extraerá mas petróleo y gas".
Proclamar que el objetivo de la decisión adoptada es recuperar el autoabastecimiento de petróleo y gas, constituye pura amnesia política, cuando han sido los gobiernos kirchneristas quienes acabaron con el mismo. Que no sólo era auto abastecimiento, sino excedente de ambos productos.
A esta altura parece redundante recordar que las políticas estatistas y nacionalistas en materia de petróleo, nunca consiguieron el ansiado objetivo. Luego del intento fracasado del segundo gobierno de Perón por incorporar capital extranjero a la exploración y explotación, el Presidente Frondizi siguió la misma línea, y allí sí, por fin, se logró el autoabastecimiento, perdido luego por la caprichosa anulación de los contratos.
La YPF estatal fue una empresa ineficiente, botín político del gobierno de turno y fuente de corrupción. Todo envuelto en la bandera -hoy nuevamente izada- de recuperar la soberanía sobre los hidrocarburos, ocultando que estos siempre fueron del dominio del Estado, nacional primero y de las provincias, luego de la reforma constitucional de 1994.
Ha sido la disociación entre la facultad de las provincias de otorgar las concesiones (siempre guiadas por el propósito de conseguir recursos para el gasto público) y la política energética (precios, impuestos, retenciones) -facultad del Gobierno nacional-, una de las causas del crisis. Cargar sobre YPF las culpas enteras no parece razonable, cuando el propio gobierno la obligó a distribuir dividendos para que la familia Eskenazi pagara una compra de acciones forzada y poco clara.
Claro que esto no significa exculpar a la española Repsol, que, al igual que otras empresas adquiridas por capitales de la península -como Aerolíneas-, no son ejemplos de buena gestión empresaria. Pero el remedio elegido puede ser peor que la enfermedad. Parece más el capricho del ejercicio ilimitado del poder, a sabiendas que trae popularidad, atacar a una empresa extranjera y convertir a una privada en estatal.
En realidad, el problema económico de fondo sigue siendo la creciente desconfianza y aislamiento en que se hunde el país. No suena razonable creer que destruyendo contratos y normas se logrará confianza e inversiones. Además, con un Estado nacional y con provincias complicadísimas por severos déficit fiscales, la pregunta obligada es de dónde saldrán los miles de millones de dólares para hacer las inversiones que no se hicieron.