Vecinos exigen que Milei devuelva la Gendarmería ante el avance del narcotráfico en el conurbano
En medio de un escenario marcado por la expansión de las redes de narcotráfico en el país y la vulnerabilidad en los barrios, las comunidades se organizan para denunciar el "abandono sistemático" por parte del Gobierno nacional.
El reclamo apunta de manera directa al Gobierno encabezado por Javier Milei, a quien responsabilizan por haber desarticulado los operativos y retirado a las fuerzas de seguridad federales que cumplían un rol clave de prevención en los distritos.
La retirada de los efectivos de Gendarmería nacional dejó un vacío operativo que las comunidades locales aseguran estar pagando muy caro. Sin patrullajes estratégicos ni presencia disuasiva en las zonas más calientes, el delito complejo y el narcotráfico ganan terreno a diario, desbordando las capacidades de los municipios y la Provincia.
"Nos sacaron la Gendarmería de un día para el otro y nos dejaron a la deriva. El narcotráfico avanza en nuestras esquinas mientras el Gobierno nacional mira para otro lado", denuncian con indignación las familias afectadas.
Las demandas son claras y directas, por un lado solicitan el regreso inmediato de la Gendarmería Nacional: Las vecinas y vecinos exigen que el Ministerio de Seguridad de la Nación restituya la presencia de los uniformados en las calles para blindar los barrios y frenar la violencia. Algo que el Ejecutivo nacional realizó a fines del 2023 y principios del 2024, dejando puntos estratégicos sin vigilancia y protección, lo que permitió la expansión de redes criminales en la Provincia.
Por otro lado, las familias piden la intervención firme de la Policía Federal: Se demanda una actuación articulada y con recursos reales contra las bandas narco que operan impunemente en la región. La Policía Federal es responsable ante delitos de narcotráfico en el país.
Estado de alerta vecinal
Lejos de acallar los reclamos, la falta de respuestas oficiales endureció la postura de las comunidades bonaerenses, que se mantienen en pie de lucha y en estado de alerta permanente. El reclamo es claro: la seguridad ciudadana no se negocia ni puede quedar supeditada a recortes de presupuesto o disputas políticas.
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