Un mundo sin jueces ni periodistas fuertes

La mesa de Cambiemos se quejó a reglamento de la sentencia de la Corte sobre el traslado de jueces, pero el diputado Gustavo Mena (UCR, Chubut) estimó que “el precio de este modestísimo resultado fue una declaración de inconstitucionalidad de lo actuado por el Consejo de la Magistratura, el Senado y el Poder Ejecutivo, y la puesta en situación provisora de más de cincuenta jueces, incluidos los que el Senado “confirmó” en el procedimiento ahora reputado inválido. Y todo eso sin dejar de apuntar en el debe que como el fallo también invalida el régimen de traslados, terminó inhibiendo al actual presidente para disponerlos en el futuro”. Ricardo Gil Lavedra, otro gurú jurídico de Juntos por el Cambio, sintetizó esta percepción en la columna de Clarín del jueves: “Se ha sentado un estándar auspicioso, pero a través de una cuestionable aplicación retroactiva.”

Importa más lo que abre que lo que cierra

Las sentencias de la semana interesan más por lo que abren que por lo que cierran. El tribunal reforzó el poder que ya mostró cuando se puso en árbitro de esa pelea, algo que adelantó cuando admitió la causa después que una cámara les hiciera el pase-gol sobre los reclamos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. La decisión del voto mayoritario – inspirado en un desarrollo que se le atribuye a Juan Carlos Maqueda, que completó Horacio Rosatti, y al que sumó argumentos Ricardo Lorenzetti – fue restringir el mecanismo de movilidad de los jueces al máximo. El gobierno hubiera querido un aval a los traslados de la era macrista, para poder seguir haciéndolos sin restricciones. La oposición, cuya posición expresa mejor el voto del solitario Carlos Rozenkrantz, buscó blindar aquellas decisiones. Lo ha logrado, aunque con el fusible del concurso en algún momento. Para el oficialismo se trataba no tanto de ejercer venganza sobre Bruglia y Bertuzzi por sus sentencias en casos de corrupción de ex funcionarios del peronismo anterior a 2015. Es más importante poner a la justicia en un estado virtual de comisión. Eso es lo que implican las normas aprobadas en el Congreso desde la asunción del nuevo gobierno: la modificación del régimen de jubilaciones, que fue apoyado por la oposición y la llamada reforma judicial que ha sepultado Cristina como ajena e inoportuna. Esos dos proyectos han sido una amenaza a la estabilidad de la justicia. Es lo que busca siempre el poder político para tener un sistema de vigilancia judicial, con jueces y fiscales con estabilidad frágil, que subrogan temporalmente en los cargos y sujetos a tiro de decreto. Es la intención de la dirigencia política en todo el mundo.

Un mundo sin jueces ni periodistas fuertes

Los políticos sueñan con un mundo sin jueces y sin periodistas. Los proyectos de este gobierno y el anterior de mantener altos cargos vacantes, como la Procuración de la Nación o el Defensor del Pueblo, hay que anotarlos en el mismo objetivo, de políticas de estado tácitas. Tanto Macri como los Fernández, si lo hubieran querido, hubieran llegado al acuerdo que les pide la ley de un consenso que tenga 2/3 de los votos en el Senado. Les ha resultado más rentable tener un procurador tambaleante, que uno atornillado por el consenso político. Macri propuso una candidatura imposible, la de Inés Weinberg, y rechazó acuerdos con el peronismo que pudieron superar ese bloqueo con nombres potables para las dos fuerzas, como Rodolfo Urtubey o Raúl Plee. El peronismo fernandista agregó la extravagancia con la que suele manejar las cuestiones judiciales: ha dinamitado hasta el consenso interno, con la pelea del nombre de Daniel Rafecas. Lo propuso Alberto Fernández, lo reclama Losardo, pero lo dinamitan los delegados de Cristina en el Senado. Negociar es ceder poder, pero los débiles cuidan el poco poder que tienen. Los goza la oposición, con una estrategia en la que coinciden de Macri a Carrió. Salvo las cuestiones de estilo, tiene el mismo propósito, exponer el cisma en la cúpula del poder.