Prepagas y crisis de la salud
La anunciada reforma del sistema de medicina prepaga aún no se ha llevado a la práctica, lo que perjudica a muchos miles de pacientes que quedan marginados de la atención de la salud.
Hace aproximadamente un año, se sancionó la ley que regula la medicina prepaga y pasaron unos cinco meses desde que fue reglamentada. Pero lo cierto es que la nueva normativa no se cumple, lo que perjudica a un gran número de afiliados o usuarios del sistema.
Quienes conocen de cerca el sistema, aseveran que el propio Ministerio de Salud de la Nación es cómplice de esta situación, ya que está en conocimiento de que las nuevas reglas depurarán la estructura de 568 entidades, de las que quedarán las cinco o seis grandes que tienen clínicas propias y concentran la cuarta parte del padrón de casi 12 millones de afiliados. Es una enorme cantidad de personas –más de la cuarta parte de la población total del país– y de ahí la importancia y la trascendencia del tema.
Se trata de un tema que, además, tiene una vieja historia: la del hospital público argentino. A fines del siglo XIX y principios del siguiente, Domingo Faustino Sarmiento y otros prohombres proyectaron y llevaron a la práctica dos grandes sistemas: los de educación y de salud. La escuela pública y el hospital público fueron figuras emblemáticas del progreso argentino, junto con el tendido del ferrocarril a lo largo y lo ancho del país, la extensión del área sembrada y la multiplicación de cabezas de ganado.
Ese esquema funcionó de manera exitosa durante varias décadas, hasta que ambos sistemas comenzaron a resentirse y sufrir un proceso de erosión. A ello contribuyó la irrupción de la educación y la salud privada, que si bien contribuyó a corregir las falencias del sector público, a la vez creó graves distorsiones y desigualdades.
Y éste es uno de los problemas que está instalado en la sociedad: el de la desigualdad en la atención de la salud. Hay alternativas a ser tomadas en cuenta: el Gobierno nacional evalúa estatizar los aportes obligatorios de los trabajadores y empleadores que están afilados a las obras sociales y hacer una especie de seguro único de salud para todos, bajo la tutela del Pami.
Esa caja representaría unos 28 mil millones de pesos anuales, equivalente a cuatro presupuestos de YPF. El proyecto fue archivado cuando se estatizaron las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), pero ahora ha vuelto a considerarse como alternativa. Se trata, por cierto, de una opción que debe estudiarse a fondo, ya que está en juego nada menos que el sistema de salud. Y lo peor que podría pasar es que los recursos de la salud vayan a parar al sistema clientelar y propagandístico del Gobierno, como ya ocurrió con los fondos jubilatorios.
En España no existe la jubilación privada, ya que los haberes se pagan a través de la seguridad social, y lo mismo sucede con la salud, aunque haya establecimientos privados que presten el servicio médico. La experiencia española debería ser tomada muy en cuenta al analizar cualquier reforma en el sistema de salud argentino.
Quienes conocen de cerca el sistema, aseveran que el propio Ministerio de Salud de la Nación es cómplice de esta situación, ya que está en conocimiento de que las nuevas reglas depurarán la estructura de 568 entidades, de las que quedarán las cinco o seis grandes que tienen clínicas propias y concentran la cuarta parte del padrón de casi 12 millones de afiliados. Es una enorme cantidad de personas –más de la cuarta parte de la población total del país– y de ahí la importancia y la trascendencia del tema.
Se trata de un tema que, además, tiene una vieja historia: la del hospital público argentino. A fines del siglo XIX y principios del siguiente, Domingo Faustino Sarmiento y otros prohombres proyectaron y llevaron a la práctica dos grandes sistemas: los de educación y de salud. La escuela pública y el hospital público fueron figuras emblemáticas del progreso argentino, junto con el tendido del ferrocarril a lo largo y lo ancho del país, la extensión del área sembrada y la multiplicación de cabezas de ganado.
Ese esquema funcionó de manera exitosa durante varias décadas, hasta que ambos sistemas comenzaron a resentirse y sufrir un proceso de erosión. A ello contribuyó la irrupción de la educación y la salud privada, que si bien contribuyó a corregir las falencias del sector público, a la vez creó graves distorsiones y desigualdades.
Y éste es uno de los problemas que está instalado en la sociedad: el de la desigualdad en la atención de la salud. Hay alternativas a ser tomadas en cuenta: el Gobierno nacional evalúa estatizar los aportes obligatorios de los trabajadores y empleadores que están afilados a las obras sociales y hacer una especie de seguro único de salud para todos, bajo la tutela del Pami.
Esa caja representaría unos 28 mil millones de pesos anuales, equivalente a cuatro presupuestos de YPF. El proyecto fue archivado cuando se estatizaron las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), pero ahora ha vuelto a considerarse como alternativa. Se trata, por cierto, de una opción que debe estudiarse a fondo, ya que está en juego nada menos que el sistema de salud. Y lo peor que podría pasar es que los recursos de la salud vayan a parar al sistema clientelar y propagandístico del Gobierno, como ya ocurrió con los fondos jubilatorios.
En España no existe la jubilación privada, ya que los haberes se pagan a través de la seguridad social, y lo mismo sucede con la salud, aunque haya establecimientos privados que presten el servicio médico. La experiencia española debería ser tomada muy en cuenta al analizar cualquier reforma en el sistema de salud argentino.