Otra vez el campo paga la fiesta
Sumar a los desbordes tributarios sobre el sector rural uno más del calibre del impuestazo implicará una caída productiva.
na vez más el costo de la prolongada fiesta de desbordes del gasto público, tanto en el orden nacional como en el bonaerense, será pagada por uno de los sectores más eficientes de la economía y, al mismo tiempo, el más castigado: el campo.
El comienzo del año agrícola, que tiene por protagonista principal la siembra de trigo, se desarrollará en un contexto extremadamente desfavorable, profundizado por el impuestazo inmobiliario rural que acaba de ser sancionado en la provincia de Buenos Aires.
No puede obviarse en esa apreciación la impactante sequía de diciembre hasta principios de febrero, con pérdidas de 20 millones de toneladas de soja y maíz, daños incrementados con las actuales inundaciones en una región con centro en el norte bonaerense y su extensión a las provincias vecinas. Se estima que las siembras de trigo, afectadas por las restricciones exportadoras que continúan vigentes, se reducirán en un 20%, sumándose a las de años anteriores. La cebada y en menor medida la colza podrán cubrir en parte esa falencia, sin perjuicio de la inconveniencia de reducir la participación del trigo, un cultivo de gran trascendencia para el consumo interno y el comercio exterior.
Las retenciones no han cedido un ápice. Siguen su curso como si nada ocurriera. La dirigencia rural ha recordado que vende la soja a un tipo de cambio de 3 pesos por dólar, pero debe adquirir los insumos que necesita a 4,50; algo similar ocurre con el trigo y el maíz, que se venden a una cotización de 3,46 y 3,60 pesos por dólar. Todo ello, siempre que los costos de algunos insumos no estén deslizando sus cotizaciones hacia el mercado paralelo, cercano a los 6 pesos por dólar.
Por sobre tal escenario se proyecta el zarpazo fiscal confiscatorio de la provincia de Buenos Aires, que pronostica menores utilidades para gran parte de los productores y seguros quebrantos para otros.
El tema tiene derivaciones ideológicas y políticas, vinculadas con la difícil relación entre el gobierno nacional y el campo, y con la situación de ahogo financiero al que el Estado nacional puede someter a aquellas provincias fuertemente endeudadas cuyos gobernadores no estén dispuestos a someterse a los designios políticos de la Casa Rosada.
La fortísima presión que ejerció el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sobre el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, para la sanción de estas normas, tiene su base en los efectos de la revaluación de las tierras provinciales que darán lugar a una mayor recaudación para el Estado nacional por los impuestos a los bienes personales y a la ganancia mínima presunta, dos tributos que la Nación cobrará sobre las nuevas valuaciones a partir del año venidero.
Las evidencias del impuestazo son impactantes. En algunos campos, como fruto del revalúo fiscal, los productores deberán pagar hasta dos o tres veces más por el impuesto inmobiliario rural, en tanto que el tributo a los bienes personales que recauda la Nación podría multiplicarse varias veces más, de acuerdo con las estimaciones efectuadas por entidades rurales.
Las nuevas imposiciones se dan en un contexto plagado de tributos al agro. Vale enumerarlos, comenzando por el más oneroso que son las retenciones, que cercenan entre el 35% y el 15% del valor de las exportaciones de soja, trigo, maíz y carnes vacunas. Le siguen el IVA, el impuesto a las ganancias -sin ajuste por inflación-, de bienes personales y ganancia mínima presunta, el impuesto al cheque y a los combustibles. En el orden provincial, el citado inmobiliario rural, ingresos brutos, sellos y patentes, todos aumentados. En el área municipal se cuentan la tasa vial y de abasto de alimentos. Un capítulo aparte merecen las perturbaciones ya conocidas sobre el abastecimiento de combustibles, acrecentadas por las restricciones a las importaciones.
El agro no se ha quedado quieto. Ha respondido con un paro de nueve días al que se añadirían concentraciones a la vera de las rutas y lugares públicos. Se verán sus consecuencias. En todo caso, se registra una vez más que se recurre al campo, el sector más dinámico y productivo de nuestra economía, para pagar los desbordes fiscales de todo el aparato estatal, sea la Nación como las provincias y los municipios. Con ello se limitan y deprimen las energías de quienes se sitúan en la cima de la eficiencia y la productividad, y sus consecuencias se proyectarán sobre el bienestar general.
El comienzo del año agrícola, que tiene por protagonista principal la siembra de trigo, se desarrollará en un contexto extremadamente desfavorable, profundizado por el impuestazo inmobiliario rural que acaba de ser sancionado en la provincia de Buenos Aires.
No puede obviarse en esa apreciación la impactante sequía de diciembre hasta principios de febrero, con pérdidas de 20 millones de toneladas de soja y maíz, daños incrementados con las actuales inundaciones en una región con centro en el norte bonaerense y su extensión a las provincias vecinas. Se estima que las siembras de trigo, afectadas por las restricciones exportadoras que continúan vigentes, se reducirán en un 20%, sumándose a las de años anteriores. La cebada y en menor medida la colza podrán cubrir en parte esa falencia, sin perjuicio de la inconveniencia de reducir la participación del trigo, un cultivo de gran trascendencia para el consumo interno y el comercio exterior.
Las retenciones no han cedido un ápice. Siguen su curso como si nada ocurriera. La dirigencia rural ha recordado que vende la soja a un tipo de cambio de 3 pesos por dólar, pero debe adquirir los insumos que necesita a 4,50; algo similar ocurre con el trigo y el maíz, que se venden a una cotización de 3,46 y 3,60 pesos por dólar. Todo ello, siempre que los costos de algunos insumos no estén deslizando sus cotizaciones hacia el mercado paralelo, cercano a los 6 pesos por dólar.
Por sobre tal escenario se proyecta el zarpazo fiscal confiscatorio de la provincia de Buenos Aires, que pronostica menores utilidades para gran parte de los productores y seguros quebrantos para otros.
El tema tiene derivaciones ideológicas y políticas, vinculadas con la difícil relación entre el gobierno nacional y el campo, y con la situación de ahogo financiero al que el Estado nacional puede someter a aquellas provincias fuertemente endeudadas cuyos gobernadores no estén dispuestos a someterse a los designios políticos de la Casa Rosada.
La fortísima presión que ejerció el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sobre el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, para la sanción de estas normas, tiene su base en los efectos de la revaluación de las tierras provinciales que darán lugar a una mayor recaudación para el Estado nacional por los impuestos a los bienes personales y a la ganancia mínima presunta, dos tributos que la Nación cobrará sobre las nuevas valuaciones a partir del año venidero.
Las evidencias del impuestazo son impactantes. En algunos campos, como fruto del revalúo fiscal, los productores deberán pagar hasta dos o tres veces más por el impuesto inmobiliario rural, en tanto que el tributo a los bienes personales que recauda la Nación podría multiplicarse varias veces más, de acuerdo con las estimaciones efectuadas por entidades rurales.
Las nuevas imposiciones se dan en un contexto plagado de tributos al agro. Vale enumerarlos, comenzando por el más oneroso que son las retenciones, que cercenan entre el 35% y el 15% del valor de las exportaciones de soja, trigo, maíz y carnes vacunas. Le siguen el IVA, el impuesto a las ganancias -sin ajuste por inflación-, de bienes personales y ganancia mínima presunta, el impuesto al cheque y a los combustibles. En el orden provincial, el citado inmobiliario rural, ingresos brutos, sellos y patentes, todos aumentados. En el área municipal se cuentan la tasa vial y de abasto de alimentos. Un capítulo aparte merecen las perturbaciones ya conocidas sobre el abastecimiento de combustibles, acrecentadas por las restricciones a las importaciones.
El agro no se ha quedado quieto. Ha respondido con un paro de nueve días al que se añadirían concentraciones a la vera de las rutas y lugares públicos. Se verán sus consecuencias. En todo caso, se registra una vez más que se recurre al campo, el sector más dinámico y productivo de nuestra economía, para pagar los desbordes fiscales de todo el aparato estatal, sea la Nación como las provincias y los municipios. Con ello se limitan y deprimen las energías de quienes se sitúan en la cima de la eficiencia y la productividad, y sus consecuencias se proyectarán sobre el bienestar general.