Lavado: admitió el Gobierno un cortocircuito con Estados Unidos
*Hugo Alconada Mon. Se intenta restablecer la comunicación; Washington objetó la filtración de datos.
El Gobierno admitió que el canal de información confidencial con Estados Unidos sobre operaciones financieras se encuentra interrumpido desde mediados de 2009, cuando Washington suspendió el intercambio ante la sospecha de que los datos que enviaba a Buenos Aires eran usados por la Casa Rosada para fines políticos.
"Hay un problema con el intercambio de información", reconoció el actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) local, José Sbattella, quien sin embargo buscó desligar al Gobierno del contrapunto. Afirmó que la "filtración", como la calificó, pudo haber ocurrido dentro del Poder Judicial o entre los fiscales que manejaron el caso que disparó el entredicho, centrado en el empresario y dirigente opositor Francisco de Narváez, que ayer cargó contra la Casa Rosada.
"El kirchnerismo persigue políticamente a sus adversarios y para hacerlo usa la estructura del Estado y fondos públicos; me persiguen por mis ideas", planteó el diputado del PJ Federal, que durante la campaña electoral de 2009 intercambió acusaciones y denuncias penales con funcionarios, en particular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Sbattella destacó, no obstante, que el Gobierno se encuentra "trabajando" para restablecer el intercambio de datos sobre operaciones sospechosas de lavado de activos correspondientes a personas y empresas privadas. Ese intercambio está suspendido desde entonces, según informó LA NACION ayer sobre la base de testimonios de cuatro calificadas fuentes argentinas y norteamericanas.
El cortocircuito con la unidad antilavado que depende del Departamento del Tesoro, llamada Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), se desencadenó poco después de que la información confidencial que le había solicitado la UIF se publicara en el diario Página 12 , afín a la Casa Rosada. El artículo, titulado "Los negocios del patán", apareció el domingo posterior a las elecciones de junio del año pasado, con detalles sobre los supuestos reportes de operaciones sospechosas (ROS) que los bancos JP Morgan, Chase y Citibank habrían enviado a la Fincen sobre De Narváez.
La Fincen ordenó entonces el inmediato corte del canal de comunicación. Para eso, dio por terminado el "Memorando de entendimiento" con la UIF local. Desde entonces, el flujo de información se encuentra interrumpido, a pesar de los múltiples esfuerzos de las autoridades argentinas, que explicitó en reuniones en Washington y Buenos Aires.
Sbattella detalló que ese cortocircuito se originó a partir del incumplimiento de la regla de confidencialidad que impone el llamado Grupo Egmont -foro que regula este tipo de intercambio entre las unidades antilavado alrededor del mundo-. Exige, además, que "no se usen los datos en términos políticos si ellos no autorizan", según reconoció el titular de la UIF.
El funcionario afirmó, sin embargo, que ignoraba cómo ocurrió la "filtración", como la definió, que adjudicó a la gestión anterior al frente de la UIF, encabezada por la contadora Rosa Falduto -quien continúa dentro de la órbita del Gobierno-, o incluso a funcionarios del Poder Judicial o el Ministerio Público que manejaron luego esa información sensible.
Esa "filtración", remarcó Sbattella, "puede pasar en cualquier tramo del proceso. No puedo cargar las culpas a los componentes del sistema, pero una vez que pasa a la Justicia, al Ministerio Público, se pierde el control del expediente", argumentó, en alusión al legajo con información confidencial solicitado a la Fincen y que la UIF complementó en un legajo, también secreto, con su propios datos.
La salida apresurada de Falduto a principios de este año y su reemplazo por Sbattella no lograron mejorar la relación con las autoridades de la Fincen, aun cuando se concretaron reuniones en Washington y en Buenos Aires en las que funcionarios de los dos países evaluaron esa posibilidad.
"Hay un problema con el intercambio de información", reconoció el actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) local, José Sbattella, quien sin embargo buscó desligar al Gobierno del contrapunto. Afirmó que la "filtración", como la calificó, pudo haber ocurrido dentro del Poder Judicial o entre los fiscales que manejaron el caso que disparó el entredicho, centrado en el empresario y dirigente opositor Francisco de Narváez, que ayer cargó contra la Casa Rosada.
"El kirchnerismo persigue políticamente a sus adversarios y para hacerlo usa la estructura del Estado y fondos públicos; me persiguen por mis ideas", planteó el diputado del PJ Federal, que durante la campaña electoral de 2009 intercambió acusaciones y denuncias penales con funcionarios, en particular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Sbattella destacó, no obstante, que el Gobierno se encuentra "trabajando" para restablecer el intercambio de datos sobre operaciones sospechosas de lavado de activos correspondientes a personas y empresas privadas. Ese intercambio está suspendido desde entonces, según informó LA NACION ayer sobre la base de testimonios de cuatro calificadas fuentes argentinas y norteamericanas.
El cortocircuito con la unidad antilavado que depende del Departamento del Tesoro, llamada Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), se desencadenó poco después de que la información confidencial que le había solicitado la UIF se publicara en el diario Página 12 , afín a la Casa Rosada. El artículo, titulado "Los negocios del patán", apareció el domingo posterior a las elecciones de junio del año pasado, con detalles sobre los supuestos reportes de operaciones sospechosas (ROS) que los bancos JP Morgan, Chase y Citibank habrían enviado a la Fincen sobre De Narváez.
La Fincen ordenó entonces el inmediato corte del canal de comunicación. Para eso, dio por terminado el "Memorando de entendimiento" con la UIF local. Desde entonces, el flujo de información se encuentra interrumpido, a pesar de los múltiples esfuerzos de las autoridades argentinas, que explicitó en reuniones en Washington y Buenos Aires.
Sbattella detalló que ese cortocircuito se originó a partir del incumplimiento de la regla de confidencialidad que impone el llamado Grupo Egmont -foro que regula este tipo de intercambio entre las unidades antilavado alrededor del mundo-. Exige, además, que "no se usen los datos en términos políticos si ellos no autorizan", según reconoció el titular de la UIF.
El funcionario afirmó, sin embargo, que ignoraba cómo ocurrió la "filtración", como la definió, que adjudicó a la gestión anterior al frente de la UIF, encabezada por la contadora Rosa Falduto -quien continúa dentro de la órbita del Gobierno-, o incluso a funcionarios del Poder Judicial o el Ministerio Público que manejaron luego esa información sensible.
Esa "filtración", remarcó Sbattella, "puede pasar en cualquier tramo del proceso. No puedo cargar las culpas a los componentes del sistema, pero una vez que pasa a la Justicia, al Ministerio Público, se pierde el control del expediente", argumentó, en alusión al legajo con información confidencial solicitado a la Fincen y que la UIF complementó en un legajo, también secreto, con su propios datos.
La salida apresurada de Falduto a principios de este año y su reemplazo por Sbattella no lograron mejorar la relación con las autoridades de la Fincen, aun cuando se concretaron reuniones en Washington y en Buenos Aires en las que funcionarios de los dos países evaluaron esa posibilidad.