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La Corte frenó la desregulación de las prepagas: qué cambia para los afiliados y cómo reclamar

El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 y restituyó el control estatal sobre las cuotas. Sin embargo, todavía no hay un mecanismo operativo para autorizar aumentos, no se fijó un tope por inflación ni se dispusieron devoluciones automáticas.

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que habían eliminado los controles estatales sobre las cuotas de la medicina prepaga y modificó el marco regulatorio que regía desde fines de 2023.

Con la decisión, las empresas deberán volver a someter sus aumentos al control de la Superintendencia de Servicios de Salud. Sin embargo, la aplicación efectiva del nuevo esquema todavía deberá esperar: la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata tendrá que establecer los criterios con los que el organismo podrá aprobar o rechazar las futuras subas.

El fallo se originó en la demanda de una afiliada cuya cuota aumentó un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Aunque la resolución tiene efectos directos sobre ese expediente, también constituye un antecedente para cientos de causas similares y futuros reclamos de usuarios.

Qué cambia con el fallo de la Corte

Las empresas de medicina prepaga ya no podrán ampararse en el esquema de libertad de precios establecido por los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que fueron declarados inconstitucionales.

Con la restitución del marco previsto por la Ley 26.682, la Superintendencia de Servicios de Salud vuelve a tener la facultad de fiscalizar la razonabilidad de las cuotas y autorizar sus modificaciones.

En adelante, los incrementos deberán ser analizados en función de la estructura de costos de cada empresa y de un cálculo actuarial razonable de los riesgos.

Sin embargo, la Corte no estableció una fórmula para calcular las futuras cuotas ni dispuso que los aumentos deban quedar limitados por la inflación.

El máximo tribunal revocó precisamente el tramo de la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que había fijado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) como límite para las subas. Por lo tanto, la inflación no funcionará como un tope automático.

Además, la causa volvió a la Cámara de Apelaciones, que deberá establecer los criterios que tendrá que aplicar la Superintendencia para evaluar los aumentos. Hasta que se dicte esa nueva resolución, el organismo no tendrá un mecanismo definido para aprobar o rechazar las subas.

¿Se devolverá el dinero de los aumentos anteriores?

El fallo no ordena una reducción general de las facturas ni establece una devolución automática de los importes cobrados desde la liberación de los precios.

Su efecto inmediato alcanza a la afiliada que inició la demanda, pero otros usuarios podrán invocar este precedente para cuestionar los incrementos aplicados por sus empresas de medicina prepaga.

Quienes consideren que pagaron de más podrán solicitar una revisión de su caso y eventualmente reclamar la restitución de los montos que entiendan improcedentes. Sin embargo, los reintegros no están garantizados y dependerán de las circunstancias particulares, las pruebas y la resolución de cada reclamo.

Para respaldar una presentación, es recomendable conservar las facturas anteriores y posteriores a los aumentos, los comprobantes de pago, las comunicaciones de la empresa y las condiciones de contratación del plan.

Qué puede pasar ahora

La Corte confirmó parcialmente la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Validó la declaración de inconstitucionalidad de los artículos del DNU que eliminaron el control estatal, pero descartó el límite de aumentos vinculado al IPC.

La Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata deberá dictar un nuevo pronunciamiento para adecuar la resolución del caso a los criterios establecidos por el máximo tribunal.

El antecedente también podría incidir en cerca de 500 causas análogas que permanecen pendientes ante la Corte, aunque cada litigio deberá resolverse según sus propios antecedentes, pruebas y planteos.

Cómo pueden reclamar los afiliados

Los usuarios que consideren desproporcionado un aumento de su cuota pueden recurrir a distintas vías administrativas y judiciales para solicitar una revisión, recuperar pagos que entiendan excesivos o cuestionar nuevas subas.

Según explicó Osvaldo Bassano, director de Legales de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), en Infobae en Vivo, existen diferentes pasos que pueden seguir:

1. Presentar un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

Los afiliados pueden realizar una denuncia por los canales habilitados y solicitar la revisión de los aumentos aplicados. Es recomendable adjuntar facturas, comprobantes de pago, comunicaciones de la prepaga y las condiciones de contratación.

2. Solicitar la revisión del aumento y una refacturación.

El usuario puede pedir que se examine el incremento y que la empresa recalcule la cuota si la suba no estuvo debidamente justificada o autorizada conforme al mecanismo regulatorio que se aplique.

3. Reclamar la devolución de los importes cobrados de más.

Quienes consideren que pagaron cuotas excesivas pueden solicitar la restitución de esos montos. La devolución dependerá de las circunstancias particulares, las pruebas y la resolución del reclamo.

4. Acudir a la Justicia.

Si la prepaga rechaza el pedido o no responde, el afiliado podrá iniciar una acción judicial para cuestionar la validez del aumento. Según las circunstancias, también puede solicitar una medida urgente para evitar nuevas subas mientras se discute el fondo del caso.

5. Revisar otros cargos que encarecen el servicio.

Los usuarios también pueden analizar incrementos vinculados con la edad, copagos o restricciones de cobertura. Estas cuestiones pueden ser objeto de reclamos administrativos o judiciales, de acuerdo con las condiciones del contrato y las particularidades de cada situación.

Qué sigue sin definirse

Todavía no se conocen los procedimientos que aplicará la Superintendencia de Servicios de Salud para recibir y evaluar las solicitudes de aumento de las prepagas.

Tampoco se informó qué indicadores utilizará el organismo para estudiar los costos, desde qué fecha comenzará a exigirse la autorización previa ni cómo se resolverán los reclamos por incrementos que ya fueron aplicados.

La discusión sobre la retroactividad también permanece abierta. La Corte no dispuso una revisión masiva de las cuotas cobradas desde diciembre de 2023, por lo que cualquier devolución dependerá de las presentaciones administrativas o judiciales que realice cada afiliado.

El alcance general del precedente se irá definiendo a partir de las próximas decisiones judiciales y de las medidas que adopte la Superintendencia. Mientras tanto, el cambio central es que las futuras variaciones de las cuotas de medicina prepaga vuelven a quedar bajo control estatal, aunque todavía no existe un procedimiento operativo para aplicar esa regulación.

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