Investigan una red de trata de personas detrás de los manteros senegaleses

La Justicia federal penal platense investiga una causa por trata de personas vinculada a la inmigración de senegaleses y al comercio ilegal con manteros de esa nacionalidad.

La denuncia se presentará en la capital bonaerense. Se incorporará, por cuerda separada, a una causa anterior que tramita el juzgado de Ernesto Kreplak por violación de la Ley de Marcas. Una transgresión visible, comprobable con una mínima inspección de carácter fiscal. De acuerdo con la evidencia, todos los manteros trabajan de modo irregular: no presentan acreditación de compra de productos ni emiten facturas de venta. Esa es la fría comprobación.

Pero, lejana la posibilidad de aplicar las normativas y teniendo en cuenta la capacidad represiva disponible, en medio de una grave crisis social, la Municipalidad se asumió “excedida” por el fenómeno. Eso determinó la formación de una mesa resolutiva en la que participa el Municipio; la Provincia, a través del Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino; la directora de Migraciones del Ministerio del Interior; la directora del Consejo Social de la UNLP, Inés Iglesias; y referentes de la comunidad senegalesa.

Hay una certeza: los contingentes del país africano llegan desde Dakar hasta América vía Ecuador, pasan luego por Perú, por Brasil e ingresan a la Argentina por la porosa frontera de Misiones. El territorio misionero también es canal de entrada de productos ilegales. Todo esto resulta de una comprobación judicial. Después, la organización arma el vallado.

Córdoba, Rosario, Mendoza y otras ciudades integran esa malla mafiosa. La provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma son los puntos de arribo frecuente, y la red se extiende hasta en algunos puntos de la Patagonia.

La Plata intenta ser el disparador en esta búsqueda del entramado. Existen elementos de técnica judicial primarios, de rápida resolución investigativa y de punibilidad posible. A la violación de la Ley de Marcas antecede la flagrancia en la comisión del delito penado por el artículo N° 205 del Código Penal, para aquellas personas que propaguen una enfermedad contagiosa.

Los manteros en cuestión no tienen la mínima prevención sanitaria en sus puestos tendidos en las veredas. Lo señalan, además, los comerciantes que debieron tener sus negocios cerrados durante cinco meses.

“Ni hablar de la desigualdad ante la ley que impone ese doble estándar. Por no abundar en que venden mercadería 'trucha', en que no pagan impuestos o en la deslealtad de la competencia por vender en esas condiciones algunos rubros que nosotros tenemos en vidriera; entre ellos textiles, calzado plásticos, óptica, elementos de celulares, prendas de lana, marroquinería y una variedad que se expande”, insisten fuentes del comercio en la capital de la Provincia.

La punibilidad es compleja. De los 200 senegaleses establecidos en el casco urbano de La Plata, 170 de ellos no tienen documentos. Aún así, en esa informalidad, el de ellos es el único comercio que creció 200% en los últimos tres años. Al punto de desplazar a los vendedores ambulantes locales, confinados a las ferias americanas con ropa usada. Los senegaleses son apenas el cortinado, coinciden en la mesa tripartita que acaba de armarse.