Investigan al sindicalista Maturano por la protesta de ferroviarios

Fuentes judiciales informaron que Delgado presentó un escrito ante el juez Julián Ercolini pidiendo abrir una investigación penal para deslindar si la huelga fue en el marco de la ley o bien excedió la misma.

Delgado en su escrito explicó que se trata de determinar si la huelga del pasado miércoles estuvo protegida por el artículo 14 de la Constitución Nacional, el cual otorga ese derecho o bien "fue una excusa utilizada por la conducción del gremio La Fraternidad para fines particulares".

"Si estuvo protegida no hay nada más que decir en el ámbito de la justicia penal. En cambio, si sus cimientos fueron compatibles con la perspectiva de la denuncia del ministerio, es obvio que los hechos se desplazan hacia el artículo 194 del Código Penal, con la particularidad de un impacto social difícil de mensurar, porque alteró sin respaldo legal la vida de muchísimas personas", agregó.

El fiscal aclaró que –según su criterio- se inclina "por la premisa que indica que si la libertad política causa algunos males, la solución a esos males está en manos de los sujetos y no en las instancias de represión.

La denuncia del ministro de Transporte, Florencio Randazzo, se basó en que consideró que el gremio realizó la huelga cuando desde el Gobierno se anunció la idea de poner cámaras en las cabinas de los choferes de trenes, lo que surgió tras la tragedia ferroviaria de Castelar en la que murieron tres personas.

Desde el gremio adujeron que el paro fue por la demora en no serles depositados a los empleados el aguinaldo, y negaron que fuera por las cámaras en las cabinas que quieren poner.

"El interrogante que planteó el denunciante al sistema de administración de justicia penal es realmente complejo, porque en definitiva se traduce en determinar si es factible sancionar penalmente el ejercicio de un derecho constitucional como el de huelga, contenido en el artículo 14 de la Constitución Nacional que, como todo derecho, está sujeto a un ejercicio razonable", consideró Delgado.

"A la hora de aplicar el derecho penal la cuestión se reduce a privilegiar el ruido de la libertad en el espacio público, con respecto a una suerte de paz de cementerios. Nuestro criterio, a lo largo de un lapso de tiempo considerable, ha sido el de privilegiar el ruido de la libertad, salvo algunas excepciones", señaló.

En ese sentido, aclaró que con los elementos que obra en la denuncia no es posible determinar qué pasó, y por ello "es preciso producir algunas pruebas".

En función de ello, pidió que se obtenga el instrumento por el cual "La Fraternidad" dispuso la huelga, para "analizar las razones que invocó el gremio", que se pida al Ministerio de Trabajo si como "autoridad administrativa en la materia, intervino de alguna de las maneras" y que se "verifique que día efectivamente se depositaba el medio aguinaldo".

También pidió a Ercolini que consulte a un experto en derecho constitucional designado por la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad Torcuato Di Tella sobre el proceder de esa huelga; y que se recabe información sobre los daños derivados de la huelga, los cuales tuvieron su epicentro en la estación Constitución donde se rompieron comercios y las instalaciones aledañas.