Indoamericano: denuncia penal contra Macri
*Por Claudio Mardones. El caso comenzó cuando el jefe de Gobierno porteño pidió el desalojo del predio, que causó tres muertos en diciembre. "No podemos seguir expuestos a una inmigración descontrolada", dijo entonces ante los medios de comunicación.
El alcalde porteño Mauricio Macri y su jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta tienen un nuevo nubarrón judicial en el horizonte. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se sumará con una denuncia penal a la investigación judicial por "incitación al odio racial" que está a cargo del sexto fiscal de instrucción porteño Angel Carestía. El caso fue abierto el 10 de diciembre, cuando la Mesa Nacional por la Igualdad y la Red de Migrantes y Refugiados en la Argentina denunciaron a Macri, a Rodríguez Larreta y a la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, por las declaraciones públicas "xenófobas" que esos funcionarios pronunciaron después de la primera toma del Parque Indoamericano.
El caso empezó un día después de que el gobierno porteño pidiera el desalojo del predio que terminó en una violenta represión que dejó tres muertos, cientos de heridos y miles de desplazados. Macri lo defendió con expresiones que desataron una polémica que ahora late en la justicia. "No podemos seguir tan expuestos a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance de la delincuencia, (...) tenemos que defender la ley. Pareciera que la Ciudad se tiene que hacer cargo de los problemas habitacionales de todos los países limítrofes. Todos los días llegan 100, 200 personas nuevas que no sabemos quienes son, porque llegan de esta manera irregular, insisto, de la mano del narcotráfico y la delincuencia", disparó entonces el jefe de gobierno. En la misma línea, Rodríguez Larreta afirmó que se trataba de "una lógica perversa que lo único que hace es promover que venga más gente de los países limítrofes para usurpar terrenos y pedir viviendas. Tenemos que cortar eso".
A su turno, y para sorpresa de todos, la defensora del Pueblo y ex subsecretaria de Derechos Humanos del menemismo, Alicia Pierini, afirmó que "el 70% de los que tomaron terrenos en Villa Soldati" provenían de "de esos países (Bolivia y Paraguay) y de Perú", para luego agregar que "no se le puede exigir a la ciudadanía que le dé viviendas a todos los que vienen, porque hoy son 100 y mañana van a ser 500". Las palabras no sólo llegaron a la justicia porteña. También provocaron más de 30 denuncias en el INADI por parte de embajadores de países limítrofes, organismos de Derechos Humanos y hasta investigadores del CONICET. Esos documentos, con detallados análisis del discurso de cada funcionario, engrosaron una actuación interna que, según explicó el presidente del INADI, Claudio Morgado, "avanzó en un dictamen jurídico que desemboca en esta denuncia penal, donde nos presentamos como tercero coadyuvante", una forma prevista en la legislación porteña para que un organismo del Estado pueda integrarse a esta querella que tiene a Macri, Larreta y Pierini denunciados por incitación "al odio racial", un delito penado con "un mes a tres años de prisión". En el caso, Pierini no sólo fue denunciada, sino que también se presentó como querellante contra Macri y Rodríguez Larreta