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Gobierno y CGT ya pelean por la baja en Ganancias

Más que en ningún otro año, Hugo Moyano redobló la presión para que el Gobierno decida una suba en el mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias, antes de entrar de lleno en la discusión de paritarias.

La diferencia no es menor: mientras Cristina de Kirchner prefiere esperar a agosto para disponer una baja en la presión del impuesto sobre los sueldos (acercándose a las elecciones de octubre), la CGT insiste en que sin esa medida los reclamos de aumentos estarán 10 puntos por encima de lo que podrían cerrar si se habilitara el cambio en el impuesto. La diferencia sería de entre un 20% y un 30%.

Con la inflación y las subas salariales, Moyano sabe, además, que los logros que pretende mostrar ante sus camioneros, los petroleros, bancarios o trabajadores de automotrices se diluyen en las retenciones que realiza la AFIP.

Los aumentos salariales no habrán seguido la evolución de la inflación en los últimos años, pero tampoco el Gobierno llegó a ajustar nunca el mínimo no imponible en Ganancias a ese ritmo. Ahora, el sindicalismo amenaza reconociendo públicamente el nivel real de la suba de precios, sin hacer caso al INDEC, como siempre que negocia sueldos; pero presionando también con los resultados de la evolución de la canasta básica que informan las consultoras castigadas por Guillermo Moreno y no los números oficiales. Lo hace como antecedente a lo que serán los reclamos en paritarias.

En el Congreso, el panorama con la oposición es similar. En cuanto las cámaras vuelvan del receso, todos los bloques, con excepción del kirchnerismo, insistirán en la votación de alguno de los tres dictámenes que ya están listos para subir el mínimo no imponible en Ganancias.

Ya existió un intento por votarlos en Diputados, durante una sesión que se quedó sin quórum y que fue levantada por la oficialista Patricia Fadel en un momento en que Ricardo Alfonsín, entonces a cargo del recinto como vicepresidente primero de la cámara, se distrajo atendiendo a la prensa en Pasos Perdidos. Ese día de octubre, aunque hubiera pasado inadvertido, comenzó la ruptura entre Elisa Carrió y su «amigo» Alfonsín.

En la sesión se habían propuesto tres dictámenes. Uno del radical Heriberto Martínez, con el apoyo de Alfonso Prat Gay, sostenía la necesidad de aumentar el mínimo no imponible en un 47%, como compensación al impacto inflacionario y la suba de salarios que las modificaciones que hizo el Gobierno al piso de Ganancias no habían podido contemplar.

Pero, además, la discusión encerraba otro problema: quién debería tomar la decisión de modificar el mínimo no imponible. «No queremos que se legisle un impuesto fuera del Congreso. El avance de la inflación generó un aumento en el tributo», decía por entonces Prat Gay.

El problema era que el Gobierno contaba aún con la autorización que se había incluido en el Presupuesto 2009 y 2010 para realizar ajustes en las retenciones del Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría, por lo que esos cambios se hicieron en las últimas ocasiones mediante meras resoluciones de la AFIP.

Pero al no votarse la Ley de Presupuesto 2011, el Congreso considera ahora que la reconducción de 2010 por decreto para continuar habilitando gastos para este año no tiene entidad legal para prorrogar también con ese acto facultades especiales. En síntesis, el presidente no puede renovarse a sí mismo poderes que le dio el Congreso.

De ahí que la discusión que ahora le exige Moyano a Cristina de Kirchner al borde de las paritarias tenga el condimento extra de la necesidad de debatir si el Gobierno está en condiciones de modificar el mínimo de Ganancias por sí mismo o si debe concurrir al Congreso.