El Senado sancionó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad y mantuvo los cambios que pidió la oposición
La iniciativa obtuvo 71 votos a favor y ninguno en contra. Se mantienen las pensiones no contributivas, la actualización por inflación, el nomenclador universal y la compatibilidad con el empleo registrado bajo determinados límites de ingresos. La norma pone fin a la emergencia que vence en diciembre, aunque resta su reglamentación por parte del Ejecutivo.
El Senado sancionó este jueves la nueva Ley de Discapacidad, con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, y dejó atrás el régimen de emergencia que vence a fin de año. El texto aprobado mantiene los principales puntos que la oposición había reclamado durante el debate en Diputados y que el Gobierno finalmente aceptó incorporar.
Entre los aspectos centrales de la normativa se encuentran la continuidad de las pensiones no contributivas, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones, el arancel unificado y la compatibilidad entre las pensiones y el empleo formal, siempre que los ingresos no superen determinados límites.
La iniciativa también establece partidas presupuestarias específicas para financiar el sistema, mecanismos de auditoría y procedimientos para garantizar el pago de las prestaciones y las deudas con los prestadores.
Ahora resta la reglamentación del Poder Ejecutivo, que tendrá la potestad de realizar vetos parciales o totales.
Los principales puntos de la nueva ley
El texto ratifica las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, y mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso al beneficio.
También garantiza la actualización de las prestaciones según la inflación, con el objetivo de evitar que los ingresos de los beneficiarios pierdan poder adquisitivo.
Uno de los puntos que generó mayores discusiones durante el tratamiento fue la compatibilidad entre las pensiones y el empleo registrado. Finalmente, se mantuvo la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan trabajar formalmente sin perder el beneficio, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La ley también garantiza el acceso a las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901 a través del Programa Incluir Salud.
Para financiar el sistema, se establecen partidas específicas del Ministerio de Salud y se prevén compensaciones del Tesoro en caso de que los recursos asignados resulten insuficientes. Además, el Gobierno deberá garantizar que los ingresos de los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo respecto del año anterior.
Auditorías y controles sobre las pensiones
La nueva normativa incorpora mecanismos de control más estrictos sobre las prestaciones.
La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías periódicas mediante el cruce de información con organismos como ANSES, ARCA, Renaper y el SINTyS.
Ante incumplimientos objetivos, se podrá suspender preventivamente un beneficio, aunque el procedimiento deberá garantizar el debido proceso, la notificación al beneficiario y la posibilidad de una rehabilitación provisoria.
Otro punto establece que, si existen deudas con prestadores al momento de la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los compromisos pendientes en un plazo de 90 días.
Los argumentos del oficialismo
El senador libertario Agustín Monteverde, presidente de la comisión de Presupuesto y miembro informante, defendió la iniciativa y sostuvo que la salida de la emergencia permitirá dar previsibilidad al sistema.
“La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad. Si una situación de ese tipo se prorroga, genera incertidumbre a los beneficiarios y prestadores”, señaló.
Monteverde afirmó que el proyecto no responde a un solo sector político y citó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso que proyectan un gasto de 1,2 billones de pesos para 2027.
Por su parte, la senadora libertaria Ivanna Arrascaeta, presidenta de la comisión de Salud, sostuvo que la discapacidad no debe estar atravesada por diferencias partidarias.
“La discapacidad no tiene color político. Podemos seguir de emergencia en emergencia o podemos construir un sistema que funcione de forma permanente, con reglas que las familias reconozcan, recursos asignados y controles que den confianza”, expresó.
La última intervención del debate estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien reconoció que detrás de la ley existen familias que atravesaron situaciones difíciles, pero también planteó la existencia de casos de falsedad en el sistema.
“Sin duda que detrás de esta ley hay familias que han tenido situaciones difíciles, pero ha habido situaciones de falsedad”, sostuvo.
La senadora destacó el acuerdo político y social alcanzado y consideró que la nueva normativa establece condiciones más adecuadas que las anteriores leyes de emergencia.
“Ambas partes tenían una parte de la verdad”, concluyó.
Las críticas de la oposición
La senadora Alicia Kirchner manifestó su preocupación por la implementación de la ley y cuestionó la capacidad operativa de las oficinas de ANSES para llevar adelante las decisiones previstas.
“Era imprescindible por el vencimiento, pero no quiere decir que no falten cosas por hacer”, afirmó.
En ese sentido, advirtió que actualmente existen 427 centros para todo el país y puso en duda que puedan responder a las necesidades de los beneficiarios.
“No creo que tengan la capacidad operativa. En la provincia de Buenos Aires está el 42,9% de ellos”, señaló.
El senador Guillermo Andrada, de Convicción Federal, mencionó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso que calculan un gasto de 600.000 millones de pesos para 2026.
Por su parte, la radical Mariana Juri cuestionó que los problemas presupuestarios del sistema no se originaron exclusivamente durante la actual gestión.
“Se han ido perdiendo paulatinamente las partidas, si analizamos los presupuestos de años anteriores”, sostuvo.
La legisladora reclamó que el Presupuesto 2027, que todavía se encuentra en tratamiento en Diputados, contemple los fondos necesarios para garantizar la implementación de la ley.
“Deberíamos estar atentos a que el Presupuesto 2027 tenga previsto estos fondos, es muy importante. No nos conformemos hoy con sancionar la ley. No nos distraigamos”, advirtió.
En la misma línea, el senador Maximiliano Abad puso el foco en la operatividad del sistema y pidió que los beneficiarios no terminen recurriendo a la Justicia para acceder a sus derechos.
El peronista Pablo Bensusán también alertó sobre las próximas auditorías y reclamó un seguimiento de los mecanismos de control y de los pagos pendientes a los prestadores.
Los cruces por las auditorías y el financiamiento
Durante el debate, Martín Goerling, jefe del bloque PRO, destacó la importancia de que la dignidad de las personas con discapacidad no dependa de una emergencia que tiene fecha de vencimiento.
“La dignidad de una persona con discapacidad y la de su familia no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. La esperanza no puede tener fecha de vencimiento”, expresó.
El senador también cuestionó la gestión del Frente Renovador en Misiones y habló de una estructura “clientelar” en el otorgamiento de certificados de discapacidad. Mencionó el caso de un municipio donde, según afirmó, cerca del 19% de la población cuenta con certificados, siete veces por encima de la media nacional.
Desde el kirchnerismo, Juliana Di Tullio cuestionó las auditorías realizadas por el Gobierno y aseguró que, desde el comienzo de la gestión, se convocó a revisar al 91% del universo de beneficiarios y que solo se suspendieron 141 pensiones.
“Dejen de decir que las personas con discapacidad mienten”, reclamó.
La senadora también denunció una deuda cercana a los 80.000 millones de pesos con los prestadores y cuestionó la respuesta del Estado ante la situación del sector.
“Es un Estado inútil o cruel. O ambas cosas”, lanzó.
Con la aprobación por unanimidad, el Senado convirtió en ley la iniciativa que establece un nuevo marco para el sistema de discapacidad. Sin embargo, la implementación efectiva de las prestaciones, el financiamiento y los mecanismos de control quedarán ahora bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo.
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