El rol del legislador
El sociólogo Weber, uno de los intelectuales más brillantes del siglo pasado, utilizó expresiones muy duras para calificar a los legisladores que se convertían en meras máquinas de votar.
En su opúsculo sobre "La política como vocación" señalaba que cuando el Poder Legislativo se subordinaba a los deseos del Ejecutivo dejaba de cumplir sus funciones constitucionales. Los parlamentarios se convertían así en "un conjunto de borregos votantes perfectamente disciplinados" cuya única misión se reducía a votar para complacer a su líder partidario.
Recientes decisiones del Poder Legislativo adoptadas tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura de la provincia de Río Negro ofrecen acabadas muestras de la vigencia de comportamientos que fueron denunciados por Weber en 1918. En el plano nacional una docena de leyes, entre las que se cuentan las referidas a Papel Prensa y la nueva legislación antiterrorista, fue aprobada sin apenas debate y sin someterlas al trabajo previo de las comisiones parlamentarias. En la provincia de Río Negro, con la misma celeridad, se ha derogado la ley que establecía la prohibición del uso de cianuro en la megaminería a cielo abierto.
En todas estas leyes estaban en juego principios fundamentales del Estado de derecho, puesto que la legislación aprobada –como se ha denunciado– podría convalidar graves infracciones constitucionales a libertades básicas como son la de prensa y la de expresión o el derecho de los ciudadanos a no sufrir las consecuencias de las industrias privadas que contaminan el medioambiente.
Como ejemplo de la trascendencia de las cuestiones en juego, las páginas de opinión del "Río Negro" han venido recogiendo posiciones encontradas acerca de las consecuencias del uso de cianuro en la minería a cielo abierto. Mientras que para Maristella Svampa la minería a gran escala es insustentable según lo prueban cientos de informes e investigaciones de carácter científico, tanto por la contaminación de la tierra, el agua y el aire que produce la actividad como por el alto consumo de agua que exige, para Ernesto Núñez las propiedades contaminantes del cianuro serían "un buzón que nos vendieron" hace algún tiempo.
La existencia de tan fuertes discrepancias en un tema aparentemente técnico no debe sorprendernos. Según Daniel Innerarity –"La democracia del conocimiento", Ed. Paidós, 2011–, el problema fundamental de la sociedad del conocimiento es que, asombrosamente, nos hace a todos un poco más ignorantes, por lo que más valdría llamarla la sociedad del desconocimiento. Contrariamente a lo que se piensa, el progreso de la ciencia no hace más fácil la comprensión del mundo sino más difícil, ya que el nuevo saber aumenta la complejidad y hace más difícil obtener una información fehaciente sobre los riesgos implícitos.
Las sociedades modernas se ven en la obligación de abordar esta explosión de posibilidades que multiplican las opciones tecnológicas, contribuyen a que los riesgos proliferen y nos instalan frente a múltiples opciones con efectos desconocidos. Por consiguiente, la acción política debe hacerse cargo de esta nueva labor de gestionar la incertidumbre. De este modo, las cuestiones que se dilucidan en el ámbito de la ciencia pasan a ser también asuntos de ciudadanía. La consecuencia obvia es que no pueden ser despachados como asuntos ordinarios o cuestiones de mera preferencia política.
La labor de dilucidar las consecuencias últimas de las decisiones económicas que pueden afectar el medioambiente obliga a un ejercicio de responsabilidad indelegable por parte del Poder Legislativo. Es necesario llevar a cabo una labor muy ponderada dirigida a reunir toda la información científica relevante y procesarla desde una perspectiva a largo plazo, lo que excluye tomar decisiones en función de la presión que la coyuntura ejerce sobre los ejecutivos.
Los legisladores que cediendo a las exigencias del Ejecutivo renuncian a adquirir un conocimiento adecuado de los asuntos que pasan por sus manos no cometen sólo una torpeza política al brindar una imagen pésima que alimenta la antipolítica. Dañan también las posibilidades de legitimar sus decisiones demostrando que se han adoptado aquellas que resultan más razonables y justas en el contexto actual de nuestros conocimientos. Como advierte Innerarity, la función más importante del conocimiento no consiste en alcanzar una supuesta verdad inobjetable sino en jugar un rol de primera magnitud a la hora de configurar un espacio democrático de vida común entre los seres humanos.
(*) Abogado y periodista
Recientes decisiones del Poder Legislativo adoptadas tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura de la provincia de Río Negro ofrecen acabadas muestras de la vigencia de comportamientos que fueron denunciados por Weber en 1918. En el plano nacional una docena de leyes, entre las que se cuentan las referidas a Papel Prensa y la nueva legislación antiterrorista, fue aprobada sin apenas debate y sin someterlas al trabajo previo de las comisiones parlamentarias. En la provincia de Río Negro, con la misma celeridad, se ha derogado la ley que establecía la prohibición del uso de cianuro en la megaminería a cielo abierto.
En todas estas leyes estaban en juego principios fundamentales del Estado de derecho, puesto que la legislación aprobada –como se ha denunciado– podría convalidar graves infracciones constitucionales a libertades básicas como son la de prensa y la de expresión o el derecho de los ciudadanos a no sufrir las consecuencias de las industrias privadas que contaminan el medioambiente.
Como ejemplo de la trascendencia de las cuestiones en juego, las páginas de opinión del "Río Negro" han venido recogiendo posiciones encontradas acerca de las consecuencias del uso de cianuro en la minería a cielo abierto. Mientras que para Maristella Svampa la minería a gran escala es insustentable según lo prueban cientos de informes e investigaciones de carácter científico, tanto por la contaminación de la tierra, el agua y el aire que produce la actividad como por el alto consumo de agua que exige, para Ernesto Núñez las propiedades contaminantes del cianuro serían "un buzón que nos vendieron" hace algún tiempo.
La existencia de tan fuertes discrepancias en un tema aparentemente técnico no debe sorprendernos. Según Daniel Innerarity –"La democracia del conocimiento", Ed. Paidós, 2011–, el problema fundamental de la sociedad del conocimiento es que, asombrosamente, nos hace a todos un poco más ignorantes, por lo que más valdría llamarla la sociedad del desconocimiento. Contrariamente a lo que se piensa, el progreso de la ciencia no hace más fácil la comprensión del mundo sino más difícil, ya que el nuevo saber aumenta la complejidad y hace más difícil obtener una información fehaciente sobre los riesgos implícitos.
Las sociedades modernas se ven en la obligación de abordar esta explosión de posibilidades que multiplican las opciones tecnológicas, contribuyen a que los riesgos proliferen y nos instalan frente a múltiples opciones con efectos desconocidos. Por consiguiente, la acción política debe hacerse cargo de esta nueva labor de gestionar la incertidumbre. De este modo, las cuestiones que se dilucidan en el ámbito de la ciencia pasan a ser también asuntos de ciudadanía. La consecuencia obvia es que no pueden ser despachados como asuntos ordinarios o cuestiones de mera preferencia política.
La labor de dilucidar las consecuencias últimas de las decisiones económicas que pueden afectar el medioambiente obliga a un ejercicio de responsabilidad indelegable por parte del Poder Legislativo. Es necesario llevar a cabo una labor muy ponderada dirigida a reunir toda la información científica relevante y procesarla desde una perspectiva a largo plazo, lo que excluye tomar decisiones en función de la presión que la coyuntura ejerce sobre los ejecutivos.
Los legisladores que cediendo a las exigencias del Ejecutivo renuncian a adquirir un conocimiento adecuado de los asuntos que pasan por sus manos no cometen sólo una torpeza política al brindar una imagen pésima que alimenta la antipolítica. Dañan también las posibilidades de legitimar sus decisiones demostrando que se han adoptado aquellas que resultan más razonables y justas en el contexto actual de nuestros conocimientos. Como advierte Innerarity, la función más importante del conocimiento no consiste en alcanzar una supuesta verdad inobjetable sino en jugar un rol de primera magnitud a la hora de configurar un espacio democrático de vida común entre los seres humanos.
(*) Abogado y periodista