El Gobierno nacional envió este miércoles al Senado un proyecto de ley que busca introducir cambios profundos en el sistema electoral argentino. La propuesta, que cuenta con 79 artículos, apunta a reformar normas centrales como la Ley de Partidos Políticos, el Código Electoral y el esquema de financiamiento de campañas.
El propio Milei había anticipado el envío de la iniciativa desde Israel, donde aseguró que el objetivo es reducir costos, aumentar la transparencia y limitar los privilegios de la dirigencia política.

Uno de los ejes principales es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según el texto, estas elecciones dejarían de ser financiadas por el Estado y pasarían a ser un asunto interno de cada partido, que deberá definir sus candidatos con recursos propios.
El proyecto también plantea cambios en la conformación y funcionamiento de los partidos políticos. Para obtener reconocimiento legal, las fuerzas deberán cumplir nuevos requisitos, como contar con un mínimo de afiliados y presencia en distintos distritos. Además, se establecen causales más estrictas para perder la personería, como no participar en elecciones o no alcanzar determinados niveles de votos.
En cuanto al financiamiento, la iniciativa busca transparentar el origen de los fondos. Se prohíben las donaciones anónimas y de ciertos actores, mientras que se obliga a que todos los movimientos se realicen a través de cuentas bancarias oficiales bajo control de la Justicia Electoral. También se fija un límite a los aportes privados y se establece que una parte del financiamiento público deberá destinarse a capacitación.
Otro punto relevante es la incorporación de Ficha Limpia. De aprobarse, impedirá que personas con condena en segunda instancia por delitos graves puedan ser candidatas o ocupar cargos públicos.
El texto incluye además la implementación de la boleta única en papel para todas las elecciones nacionales, con la opción de votar lista completa, y fija nuevas reglas para las campañas, como plazos definidos y sanciones para quienes incumplan las normas.
Entre otras modificaciones, se prohíbe la doble candidatura, se refuerza la paridad de género en las listas y se eliminan algunas obligaciones, como el debate presidencial.
La estrategia oficial de iniciar el tratamiento en el Senado responde a la necesidad de negociar con los gobernadores, clave para reunir los votos necesarios en un escenario político fragmentado.
Desde la Oficina del Presidente señalaron que la reforma busca “corregir un sistema viciado” y devolverle poder a la ciudadanía, al tiempo que remarcaron que se trata de un paso importante para transformar el funcionamiento de la política en el país.
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