El Gobierno impulsa reformas en salud mental y pensiones por invalidez con trámite urgente

El Gobierno de Javier Milei avanzó en el Congreso con el envío de dos proyectos de ley clave que buscan introducir cambios profundos en áreas sensibles: la salud mental y el sistema de pensiones no contributivas por invalidez. Ambas iniciativas ingresaron por el Senado con pedido de tratamiento urgente.

Según explicaron desde el Ejecutivo, las propuestas forman parte de una estrategia para actualizar esquemas que consideran desbordados o distorsionados, con el foco puesto en mejorar la asignación de recursos y fortalecer los controles.

Uno de los proyectos apunta directamente a las pensiones por invalidez. El Gobierno sostiene que en las últimas dos décadas estos beneficios crecieron de manera “exponencial”, pasando de unos 76.000 en 2003 a cerca de 1,2 millones en 2023. En ese contexto, auditorías oficiales habrían detectado múltiples irregularidades, como prestaciones otorgadas sin cumplir requisitos médicos o casos con domicilios inexistentes.

La iniciativa propone modificar la ley 13.478 y otras normas vinculadas, con el objetivo de establecer mecanismos más estrictos para prevenir, detectar y sancionar fraudes. Desde el Ejecutivo remarcan que estas inconsistencias generan un uso ineficiente de los recursos públicos y perjudican a quienes realmente necesitan la asistencia.

En paralelo, el Gobierno también envió una reforma de la ley de salud mental (26.657), junto con cambios en normativas complementarias y en el Código Civil y Comercial. El proyecto plantea ampliar el enfoque actual, incorporando no solo la protección, sino también la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales.

Uno de los puntos más sensibles es la modificación del criterio para las internaciones involuntarias. La propuesta busca reemplazar el concepto de “riesgo cierto e inminente” por una definición más amplia: “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Según el oficialismo, el cambio permitiría actuar con mayor rapidez en situaciones críticas.

Además, se propone otorgar un rol más relevante al criterio médico —especialmente de psiquiatras— en la evaluación de los pacientes, y habilitar un mayor desarrollo de establecimientos dedicados al tratamiento de salud mental y adicciones. También se establece que las inspecciones en estos centros deberán contar obligatoriamente con participación de profesionales especializados.

Ambos proyectos llegan en un contexto en el que el Gobierno busca avanzar con reformas estructurales en distintas áreas del Estado, con la intención de acelerar su tratamiento legislativo en las próximas semanas.