El Gobierno anunció una reforma migratoria: principales cambios y medidas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó hoy que el Gobierno implementará una reforma migratoria mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial.

La iniciativa apunta a endurecer los requisitos para otorgar residencia a extranjeros, establecer aranceles para ciertos servicios públicos y ampliar los mecanismos para expulsar del país a personas extranjeras. Esta reforma está impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ya había promovido medidas similares durante el gobierno de Mauricio Macri, con el DNU 70/17.

Adorni afirmó que "Argentina ha sido demasiado permisiva con quienes ingresan de manera ilegal". El anuncio se realizó en la Casa Rosada, acompañado por Bullrich, Lisandro Catalán (Interior) y Carlos Manfroni (Seguridad). La Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal, redactó el decreto.

Entre los puntos principales se destaca que, una vez publicado el DNU, no se permitirá el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales, y quienes cometan delitos dentro del territorio nacional serán expulsados, sin importar la gravedad del hecho. Incluso delitos con penas menores a cinco años podrán ser motivo de deportación o rechazo de ingreso.

También se exigirá que las personas con residencia temporal, transitoria o en situación irregular paguen por la atención médica que reciban en el país. Además, deberán contar con un seguro de salud al ingresar. El objetivo es reducir el gasto estatal, que asciende a unos 114 mil millones de pesos, en atención sanitaria a extranjeros.

En cuanto a la educación, las universidades nacionales podrán, si así lo deciden, cobrar aranceles a estudiantes con residencia temporaria. Esta medida no afecta a los niveles inicial, primario ni secundario.

La reforma fue anticipada por el presidente Javier Milei el 1º de marzo durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En su discurso, argumentó que el país necesita una política migratoria más estricta y que no puede seguir financiando beneficios para extranjeros con recursos públicos.

Por su parte, Catalán defendió la medida en redes sociales, señalando que en las últimas dos décadas ingresaron más de un millón de personas en situación irregular y calificó la política migratoria actual como caótica.

Datos sobre la población carcelaria

Según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, al 31 de diciembre de 2023 había 111.967 personas detenidas en el país, de las cuales un 6% (6644 personas) eran extranjeras. De ese total, la mayoría proviene de países limítrofes como Paraguay, Bolivia y Perú.

El Ministerio Público Fiscal informó que 1884 extranjeros están presos en el sistema federal, el 69% de ellos provenientes de los mismos países. En la provincia de Buenos Aires, los extranjeros representan el 45% de los detenidos en cárceles provinciales (3050 personas).

Antecedentes y críticas

La reforma de Bullrich durante la presidencia de Macri fue anulada en 2021 por el gobierno de Alberto Fernández, tras fallos judiciales que consideraron el DNU 70/2017 inconstitucional. Los jueces argumentaron que imponía restricciones incompatibles con los derechos humanos, el debido proceso y el acceso a la justicia, especialmente en casos de deportación.

Se cuestionó, además, que el decreto asignara a Migraciones el control exclusivo de la reunificación familiar y redujera a solo tres días el plazo para apelar una orden de expulsión. También se señaló que la norma vinculaba migración con criminalidad sin evidencias suficientes.

Este nuevo decreto de Milei podría enfrentar objeciones similares por parte de organismos sociales y judiciales, sobre todo por intentar modificar la Ley de Migraciones a través de un DNU en lugar de una ley votada por el Congreso.