El costo de la vivienda social se cuadruplicó en sólo 6 años

Habrá que ser constructor si se le quiere ganar con creces a la inflación. O por lo menos tener al Gobierno de contratista. Las viviendas que se empezaron a anunciar en 2004 cuando alumbró el Plan Federal, mediante el que se decidió la construcción de 120.000 casas, llegaron a cuadruplicar su costo desde entonces hasta ahora.

Una vivienda social ubicada en el Gran Buenos Aires, que hace seis años el Gobierno había cotizado en 30.000 pesos, se paga ahora 125.000, según datos proporcionados por el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido. El costo subió en todas las provincias, pero en territorio bonaerense es donde el aumento es mayor.

Es verdad que hubo inflación, pero eso no alcanza para explicar el crecimiento del costo de la construcción. Por caso, la vivienda bonaerense que salía 30.000 pesos en 2004 debería costar 65.072 si se ajustara por el índice de inflación que calculan los privados. Sin embargo, cuesta casi el doble. Y se necesitaría mucho menos dinero si se usaran los maquillados números del alquimista de las estadísticas argentinas, Guillermo Moreno.

Todo empezó en 2004. El 21 de julio de ese año, cuando la mayoría de los gobernadores firmaron el acuerdo marco para poner en marcha el Plan Federal de Viviendas nunca imaginaron que estaban cediendo a la Nación una de las principales herramientas que el kirchnerismo utilizó para comprar voluntades políticas. Nació así un programa discrecional y centralizado que se lubricó con miles de millones de pesos.

En épocas de sueños de transversalidad, el kirchnerismo utilizó el plan con gran discrecionalidad. En el Ministerio de Planificación Federal, más precisamente desde las oficinas del secretario de Obras Públicas, José López, se definía dónde se iban a construir viviendas y a qué precio. El Gobierno colonizó el Gran Buenos Aires con casas cuyos contratos eran manejados por los intendentes, sedujo a gobernadores con viviendas que tenían diferencias en su costo de hasta un 100% entre una provincia y otra, y dispuso cuotas de viviendas con la vista puesta en las amistades y fidelidades políticas, muy lejos de las necesidades habitacionales.

Ese 21 de julio, el ministro Julio De Vido y las provincias, algunas representadas por sus gobernadores; otras, por algún ministro, se pusieron de acuerdo en varias cosas. En el artículo primero, el gobierno federal se comprometió a entregar a las provincias 120.000 viviendas.

Luego, en el segundo, se habla del "anexo 1", pieza clave del plan. En ese documento, se establecieron el precio de las viviendas, la cantidad para cada provincia y la superficie.

Todas las casas serían de 44 m2, con excepción de las de la Patagonia, que tendrían cinco metros más.

Los precios variaban. De Vido y los gobernadores establecieron que las más caras serían las construidas en Ushuaia (65.000 pesos) y las de Santa Cruz (56.000 pesos). Luego venía un lote de 42.000 pesos para las viviendas de Chubut, Neuquén y Río Negro, y un costo de 40.000 pesos para las de la Capital, y de $ 33.000 para las construidas en La Pampa. Todas las demás salían $ 30.0000 por unidad.

El acuerdo de precios duró dos meses. En septiembre del mismo , un aviso publicado en decenas de diarios del interior daba cuenta del inicio de las licitaciones. Sin sonrojarse, la Presidencia publicó la cantidad de viviendas que le corresponderían a cada jurisdicción y el precio que se pagaría por cada una de ellas.

A San Luis, gobernada por Alberto Rodríguez Saá, fuerte crítico del Gobierno, le tocaban 1000 viviendas y una inversión de $ 30 millones, lo que daba un costo por unidad de $ 30.000, tal cual se había firmado dos meses antes con De Vido como garante. El mismo precio tenían las casas construidas en Catamarca, por ejemplo.

A los amigos del Gobierno les iba mucho mejor. A 60 días de haber fijado el valor de las unidades de Santa Cruz en $ 56.000, el anuncio de la Presidencia establecía que dos meses después se cotizaban en $ 93.068, un mágico 66,19% extra. Para los misioneros, también hubo precio preferencial. De los iniciales $ 30.000 se pasó a $ 55.862, el 86,21% más. Todo eso mientras a provincias cercanas, como Catamarca o La Rioja, se les reconocían los $ 30.000 iniciales.

Así empezó el plan de viviendas que sirvió con los años para comprar voluntades políticas. La herramienta creció y se perfeccionó. Se empezó a dar dinero a organizaciones sociales o, en el extremo, se hizo un puente que pasaba por arriba a la gobernación de Buenos Aires y se negoció cantidad de viviendas y costo de con los intendentes del conurbano.

La jugada tuvo dos momentos de éxtasis. El primero, en 2005, cuando Néstor y Cristina Kirchner decidieron su pelea territorial más importante con el matrimonio Duhalde. La candidatura a senadora de Cristina movió miles de contratos de viviendas. Luego, se repitió el esquema en 2007, cuando la legisladora buscó la Presidencia.

Actualmente, los planes de vivienda siguen. Un gobernador, que jamás se peleó con el kirchnerismo, contó a La Nacion la manera de negociar las viviendas. "Depende de la cara del gobernador el precio que le ponen. Hay que ir a Planificación y rogar cantidad y precio. Y, después, implorar para que se pase del anuncio al hecho. Finalmente, muchas veces, hay que tenerlas cerradas para que las inaugure el gobierno nacional. Es un sistema poco transparente que se tendría que terminar y ser investigado", contó en una charla telefónica, en la que utilizó la mitad del tiempo para rogar que no se lo nombrara.

Si se toma en cuenta aquel acuerdo firmado por De Vido y se le aplicase la inflación real, no la que calcula el Gobierno al que pertenece, una vivienda en Chubut debería costar alrededor de $ 91.000, pero actualmente sale $ 146.902; para hacer una en Santa Cruz alcanzarían $ 121.000, pero, según datos del Ministerio de Planificación Federal, se necesitan $ 195.000; las bonaerenses pasaron de $ 30.000 a 125.000. Las que construyen las Madres de Plaza de Mayo, siempre según datos oficiales, pasaron de $ 40.000 a 141.600, el 254% de incremento.

Las provincias callan y esperan. Sólo se levantó la voz: San Luis. El gobierno puntano presentó una demanda por discriminación a la Corte Suprema en contra de la Casa Rosada. Entre otros reclamos, figura el Plan Federal de Viviendas, firmado e incumplido, según dice la presentación.

Detrás de uno de los negocios políticos más grande de la Argentina esperan pacientemente miles de familias que añoran su techo. Mientras avanza un déficit habitacional que ya alcanza al 25% de los hogares argentinos.