Desmontar y armar
Por Adrián Pecollo* Toda inquietud se explica cuando el viejo y conocido esquema de poder ya no está y cuando encima aquel que lo sustituirá todavía no ha nacido. El gobierno radical ya no está. Quedó destruido política y emocionalmente. El Frente tiene 40 días para acopiar proyectos y alistar a sus hombres, en lo esencial, disciplinados.
Pasaron 35 días de la derrota y el gobernador no volvió a la función. No asistió a ningún acto. Tampoco fueron demasiados. Pero, por ejemplo, el jueves no fue a la entrega de viviendas en Viedma. Está recluido en la Residencia y lo suyo se reduce a la firma de decretos, como pases a planta o reubicaciones. Esta semana viajará a Buenos Aires con reuniones agendadas por el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli. Saiz retomará promesas de un rescate nacional que lo proteja de cualquier desdicha judicial.
Mañana debería reaparecer. Tiene que presidir el Consejo de la Magistratura por una formalidad: postergar el proceso de la elección del STJ por la vacante de Luis Lutz. El cronograma fijaba esta audiencia para evaluar a los candidatos. Después del resultado electoral los consejeros acordaron su paralización y esperar la nueva integración del Consejo, que conservará a los miembros de los colegios de Abogados pero modificará a los legisladores, con amplia mayoría para el próximo oficialismo.
Habrá novedades. El mandatario intentará tratar –fuera del orden del día– la renuncia de Alberto Balladini, que presentó el viernes. Ya se fue Lutz y Víctor Sodero Nievas resiste cualquier partida.
El Frente extremará su rechazo y mañana no asistirá. Algunos colegios podrían sumarse y frustrarse directamente la convocatoria. Balladini quiere un rápido trámite para aventar el zamarreo al que el mandatario electo promete someterlo. Este juez teme que se demore su baja y así la adhesión al régimen jubilatorio del 82%. Su pesadilla radica en que Soria avance en su juicio político. Por ahora no perderá la ocasión para fustigarlo. Así, el Consejo no avanzará en nada y todo quedará para el 2012.
¿Qué pasará en ese futuro inmediato? El nuevo gobierno retomará el proceso de reemplazo de Lutz. ¿Será elegido el camarista Edgardo Albrieu? No. ¿Podrá ser la constitucionalista Marcela Basterra, impulsada por Saiz, de quien usó aportes para su reforma elevada en el 2010? Es posible. Soria destaca su capacidad técnica, pero allí no tiene ninguna conclusión real.
Vocifera castigos, pero silencia su enfoque de que el STJ debe custodiar cada proceso político. Pablo Verani tuvo ese sostén para sus acciones públicas. ¿Qué fueron si no los fallos a favor de su reforma? Allí, por ejemplo, figura el aval a las reducciones salariales. Saiz tuvo igual cortejo. Por caso, estos jueces aceptaron amparos contrarios al proyecto Calcatreu, que concluyó con la ley de prohibición del cianuro.
Se trata de doctrinas para patrocinar políticas de Estado. La Justicia debe ajustarse a los cambios. Una mirada distinta frente a tiempos distintos. ¿Qué queda por resolver para el Estado? Con amparos, los problemas por los servicios públicos se suceden en los estrados judiciales. Es un proceder usual concurrir con los reclamos por la atención estatal, desde quejas por fallas educativas hasta debates laborales, pasando por prestaciones sanitarias, como medicamentos y prótesis. Hay desidia y grietas burocráticas. Pero falta un cerco. Hoy los fallos imponen los límites, que son amplios. Se proclama lo opuesto, pero se cae –habitualmente– en "el gobierno" de los jueces. La visión ambiental figura en el mismo listado.
El curso de la elección en la Defensoría del Pueblo también está paralizado, con una veintena de inscriptos. Acá tampoco hay pautas fijas. Se duda entre respetar el listado de candidatos y reabrirlo. Una primera exploración vislumbra dos vertientes. La aliada y ex defensora Ana Piccinini impulsa al asesor legal Julián Fernández Eguía pero el PJ quiere ese cargo, posicionando al barilochense Marcelo Ponzone. Sí se sabe que el oficialismo por venir invirtió sus preceptos: la oposición no conducirá los órganos de control, como pregonó y lo formalizó en proyectos legislativos archivados.
El STJ y la Defensoría son renovaciones previstas, pero el Frente va por más. Carlos Peralta –el hacedor de los conceptos de Soria– continuará con reuniones en Viedma y llegará al Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones. Tendrá una clara misión: exhortar a sus titulares a que emprendan la retirada. Ellos, con meses o años aún de mandato constitucional, se negarán. ¿Se abrirá igual ese combate para eyectarlos? Será difícil pero notificaron, por las dudas, a sus controladores del peligro al que están expuestos.
Soria registra otros temores. Está preocupado, con razón. Viajará esta semana a Buenos Aires y el senador Miguel Pichetto prepara una agenda orientada a las cuestiones financieras. Cada periplo de Alejandro Palmieri por Hacienda y por Tesorería concluye con informes desalentadores.
Hay que inyectar recursos frente a un déficit mensual de 60 millones. Río Negro perdió toda asistencia extra de Nación hace meses. Así, es difícil cumplir las obligaciones. Los riesgos se expanden frente a la inexperiencia y las vacilaciones lógicas de los cambios gubernamentales y se imponen lapsos inciertos por el receso administrativo.
La presión salarial es el desvelo. Aun si la vieja gestión pagara noviembre –algo improbable– antes de entregar el poder, la flamante administración deberá juntar más de 400 millones para los haberes de diciembre y el aguinaldo. Un reto recaudador desacostumbrado para Soria. Hacienda ya sufre para abonar octubre. Ese pago será anunciado esta semana pero se cumplirá con una fuerte asistencia del Banco Patagonia. Más allá de la intención con Nación, el próximo mandatario ya debería instaurar lazos con esa entidad.
Hay una directriz expuesta. "El gabinete debe estar cerrado antes del 15 de noviembre para trabajar después en los proyectos". Queda mucho para armar. Gobierno, Producción, Seguridad, jefatura policial, Fruticultura, Ipross, IPPV (incluyendo lo que quede de Casa Rionegrina, ya que piensa disolver) y las empresas. Áreas que no tienen aún perfiles delineados ni timoneles. Acatamiento es, por ahora, el principal requisito para llegar a esas postulaciones.
Saiz creyó y aplicó su "horizontalidad" en el poder. Soria muestra, gesto de por medio, que su pirámide será bien empinada. Ángulo bien cerrado. Un esquema, si es necesario aclararlo, vertical. Ese pensamiento puede flaquear porque la estructura provincial es mucho mayor de lo que preveía. Y los aliados llegan con más inconvenientes que soluciones.
La Unter es un buen ejemplo. Soria detectó esa maraña cuando el fin de semana anterior reunió a los mayores gremialistas docentes para resolver el ministro de Educación. Fue testigo de las trifulcas de Marcelo Mango y Marcelo Nervi, los principales referentes. Este gremio no era lo que pensaba. Mango quiere asumir, aun la oposición interna. Pretende contrarrestarla con el aval que cosecha desde Nación, que alcanza al ministro Alberto Sileoni. Esos respaldos son favorables a Mango, pues el gobernador electo priorizará cada lazo nacional.
Aun el costo futuro, ¿Soria impondrá a Mango? Parece, ahora, que sí. Confía en que la pertenencia justicialista de los díscolos de Unter sea suficiente para su contención. Será otra disyuntiva a descubrir para la gestión en construcción.