Clínica trucha en González Catán: un acusado admitió que usaba un sello de otro médico para emergencias en escuelas

Las declaraciones de algunos de los acusados en la causa que investiga una presunta red de médicos falsos en la clínica “Argentina Salud”, de González Catán, complicaron aún más la situación judicial del establecimiento y reforzaron las sospechas sobre el funcionamiento de una estructura dedicada al ejercicio ilegal de la medicina en distintas localidades de La Matanza.

Uno de los principales testimonios que se dieron hoy fue el de Dunia Mercedes Suazo Pulido, una médica cubana que reconoció que no tiene el título revalidado en la Argentina y que utilizaba el sello de otra profesional para atender pacientes.

También habló el médico boliviano Carlos Covarrubias, quien admitió que trabajaba con el sello de otro médico y que realizaba atención de emergencias tanto en ambulancias como en escuelas, además de desempeñarse en consultorios de Virrey del Pino.

Según surge del expediente, ambos señalaron que al iniciar cada servicio recibían sellos médicos vinculados a Alberto Santarceri, señalado como dueño de la clínica, y que luego los devolvían al finalizar la jornada a Sofía Luna, esposa del empresario.

La declaración de Suazo Pulido, detenida en la causa, fue una de las más relevantes. La mujer reconoció ante la Justicia que es médica cubana y que no estaba habilitada para ejercer en el país. Además, admitió que utilizaba el sello de Luna porque se lo había entregado Santarceri.

La investigación apunta a determinar si detrás de “Argentina Salud” funcionaba una organización dedicada al ejercicio ilegal de la medicina, la usurpación de títulos y el uso de documentación presuntamente irregular. El expediente está a cargo del juez de garantías Rubén Ochipinti y del fiscal Fernando Garate.

Otro de los acusados que declaró fue Covarrubias, de nacionalidad boliviana. De acuerdo con la información incorporada a la causa, también usaba el sello de otro profesional.

En su declaración sostuvo que hacía atención médica de emergencia en ambulancias sin habilitación y que intervenía en emergencias dentro de escuelas.

Además, Covarrubias indicó que trabajaba en consultorios de Virrey del Pino, que llevaba certificados ya sellados y que cobraba 80 mil pesos por guardias de 24 horas.

En paralelo, los investigadores buscan determinar si hubo menores de edad afectados por las maniobras bajo sospecha, a partir de las referencias a atenciones médicas en escuelas y certificados emitidos dentro de ese circuito.

Mientras tanto, los dueños de la clínica optaron por no declarar. Entre quienes se negaron a responder preguntas ante la Justicia están algunos de los principales acusados de la causa.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una médica que aseguró que utilizaban su nombre, matrícula y sello sin autorización. A partir de esa presentación se realizaron allanamientos en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning.

Durante esos procedimientos se secuestraron documentos, sellos médicos, equipos informáticos, vehículos y dispositivos electrónicos.

En total fueron detenidas 29 personas. Entre los principales acusados aparecen Santarceri, Luna, Suazo Pulido, Brian Marcelo Santarceri, Nicolás Alberto Santarceri, Gabriel Musse. Otras 23 personas quedaron identificadas como investigados secundarios.

En la causa también comenzaron a presentarse médicos cuyos sellos y matrículas habrían sido utilizados sin autorización. Según la investigación, son considerados víctimas de las maniobras y figuran como los profesionales presuntamente estafados.

Los investigadores sostienen que la estructura habría funcionado durante al menos cinco años y que utilizaba sellos y matrículas de médicos reales para confeccionar certificados falsos. También se investigan posibles irregularidades en ambulancias y farmacias vinculadas al entramado.

Una fuente de la causa aseguró además que se detectaron vehículos con patentes adulteradas. En paralelo, trascendió que dos de los principales detenidos tenían antecedentes penales: Santarceri y Gabriel Musse habrían sido condenados en una causa vinculada con un homicidio y una banda de piratas del asfalto.

Sobre los acusados pesan cargos por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. La Justicia tampoco descarta sumar imputaciones por estafa a medida que avancen las denuncias de pacientes atendidos en los distintos establecimientos investigados.

El abogado de Santarceri, Roberto Herrera, negó las acusaciones y rechazó que existiera una red de médicos falsos.

“No hay médicos falsos y acá no murió nadie”, sostuvo en declaraciones televisivas. También afirmó que su defendido “no es médico, sino empresario” y atribuyó el origen del caso a “una situación puntual” relacionada con una profesional que denunció el uso indebido de su identidad.