Así actuaba la banda de policías bonaerenses que cobraba coimas en las plantas de verificación de autos
Detrás de las verificadoras se escondía uno de los más grandes negocios de la fuerza. Esta semana fue desbaratada.
La semana pasada el comisario de la policía bonaerense Alberto Miranda fue detenido durante un operativo en la Planta Verificadora de esa fuerza en Villa Tesei, partido de Morón, que pertenece a la Dirección de Prevención de Delitos contra el Automotor. Se lo acusa de liderar una gran banda que se dedicaba a cobrar coimas por "hacer trabajos en negro".
El allanamiento fue ordenado por el fiscal de la UFI 4 de Morón a cargo Marcelo Papavero, tras una denuncia que describía detalles de una entrega de dinero entre policías. Al momento de su detención, Miranda fue sorprendido encerrado en su oficina contando los 199 mil pesos que había recaudado, según consigna Infobae.
Tras su detención, se busca determinar si el comisario era parte de un sistema de recaudación del dinero que terminaba en la política o si él repartía entre otros miembros de su fuerza las millonarias sumas de dinero negro que se obtenían de las plantas verificadores. Se calcula que por año se robaban unos treinta millones de pesos.
"Al principio no quiso abrir. Le golpearon varias veces la puerta hasta que las fuerzas de seguridad amenazaron con derribarla. Estaba muy nervioso. Había escondido la plata dividida en fajos en varios lugares", detalló el abogado Guillermo Berra, una suerte de fiscal a cargo de la Auditoría General de Asuntos Internos, al programa televisivo La Cornisa, donde se dieron detalles de cómo se movía la banda y dónde escondían el dinero.
El comisario tenía al momento de su detención un DNI "de otra persona en su billetera" y también se lo investiga por enriquecimiento ilícito a partir de irregularidades en su declaración jurada. El hijo de Miranda, también policía, ya había sido desafectado de la fuerza sospechado de corrupción.
Hay más de 25 policías imputados desafectados de 20 plantas distintas. Algunos ya se retiraron o pidieron la baja. Eran los titulares de plantas, administradores y otros policías que trabajan ahí.
El mecanismo
La maniobra por la cual se engrosaba esta nueva caja negra de la corrupción policial consistía en que "se hacían trámites en negro. Es decir que se facturaban entre el 10 y el 20 por ciento de la recaudación de cada planta verificadora que dependía de la policía", explicó Berra.
A partir de esto el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, resolvió transferir las plantas de verificación automotor a manos de civiles "con un sistema de recaudación on line que impida los pagos en efectivos y haga más transparente el proceso".
"Miranda puede transformarse en un colaborador de la investigación ya que era el director de prevención de robo automotor de quién dependen todas los puestos verificadores que son en total más de 120 en toda la provincia", precisó además el abogado.