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Un intendente acusado de abuso sexual y con prisión domiciliaria, pidió licencia con goce de sueldo

Se trata de Ángel Constantino, intendente de Gilbert, Entre Ríos, que fue denunciado por ters mujeres. 


El caso del intendente acusado de abuso sexual por tres mujeres indigna, y mucho. Es que Ángel Constantino, que está a cargo del pueblo entrerriano de Gilbert, pidió licencia con goce de sueldo de tres meses tras estar al frente del municipio mientras cumplía prisión domiciliaria durante la última semana.

Constantino, de 57 años, está con arresto domiciliario desde el sábado 7 de mayo, cuando violó la restricción de acercamiento con una de las tres mujeres que lo denunció por abuso sexual.

El Gobierno provincial había recurrido a la Legislatura para tratar un proyecto de ley para intervenir durante 180 días el municipio de Gilbert, la localidad ubicada a 70 kilómetros de Gualeguaychú. El proyecto se iba a tratar este sábado, pero Constantino pidió la licencia.

“Comunico a usted mi solicitud de licencia con goce de haberes para tramitar cuestiones de índole personal, a partir de la fecha lunes 16 de mayo y por un plazo de 90 días”, dice la nota firmada por Constantino y dirigida a Alberto Meneses, titular del Concejo Deliberante de su distrito.

En su pedido de licencia, Constantino no hace mención ni a las denuncias ni a la prisión domiciliaria que cumple desde hace una semana. Días atrás, el Concejo Deliberante de Gilbert había aprobado -cuatro votos contra tres- una iniciativa en la que se invitaba al funcionario a pedir licencia de su cargo mientras se resolvía su situación judicial.

El Senado provincial había sido convocado a sesionar este viernes, mientras que la Cámara de Diputados lo iba a hacer este sábado a las 10. En caso de aprobarse la ley por ambas cámaras, el Gobierno provincial iba a tener la potestad de nombrar un interventor que asumiera la intendencia por un plazo de seis meses.

Ahora, el demorado pedido de licencia por parte del intendente dejó en suspenso el tratamiento de la intervención. Si lo declaran culpable, podría caerle una pena de entre 5 y 15 años de cárcel.

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