Máximo Thomsen cambió de abogado y cuestionó el trabajo de su anterior representante legal. Por medio de una presentación ante la Suprema Corte de la Provincia, da una versión de los hechos donde niega que haya habido premeditación para matar a Fernando Báez Sosa.
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Fernando Báez Sosa
En el escrito que presentó Francisco Oneto, abogado de uno de los rugbiers que asesinó a Fernando Báez Sosa, aseguró: “No volverá a poner un pie en la calle durante el resto de su vida”. En el texto solicitó que se revoque su condena y se le permita enfrentar un nuevo juicio.
En el recurso presentado por su abogado, el joven condenado a perpetua por el crimen del joven estudiante de Derecho nombró al rugbier que originó el conflicto dentro del boliche y a quien le dio el primer golpe a la víctima.
El rugbier condenado a la pena máxima también pidió la realización de un nuevo juicio y que le bajen la pena a seis años de cárcel.
Francisco Oneto manifestó que no existe ningún video en el que su defendido haya golpeado a la víctima y hasta puso en duda la pericia sobre su zapatilla manchada de sangre.
Fue el primero de los rugbiers condenados por el crimen brutal de Fernando Báez Sosa en romper el pacto de silencio. Desde la cárcel, donde cumple su condena de prisión perpetua, asegura que se formó una imagen equivocada de él y responsabiliza a los medios.
El abogado de uno de los asesinos del joven estudiante de derencho de 18 años, aseguró que su defendido quiere contar detalles del crimen, algo que no pudo hacer durante el juicio. “Está acongojado, pero tiene una renovada esperanza”, expresó Francisco Oneto.
Matías Benicelli presentó un recurso de nulidad y pidió que la Justicia le permita “una efectiva asistencia letrada”. Allí apuntó contra Hugo Tomei: “Quien debía garantizar mi defensa inexplicablemente desistió del testigo”.
La Cámara de Casación dejó firmes las sentencias para los ochos asesinos del joven de 18 años. Al estudiante de derecho lo mataron a golpes el 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.
Los ocho detenidos y condenados en primera instancia por el crimen que conmocionó al país, ocurrido el 18 de enero de 2020, permanecen alojados en celdas de a dos, alejados del resto de la población.